Por: Cesar Arismendy Morales.
Uno de los indicadores financieros que de manera juiciosa destacan los contadores para identificar la fortaleza, vitalidad y capacidad de recuperación de una empresa, es la realización de la prueba ácida. A través de ella, se establece el grado de liquidez que tiene una entidad para asumir en el corto plazo los compromisos y gastos que se hacen como resultado de la actividad que desarrolla. En concreto, se mide la capacidad de pago.
El Alcalde de la ciudad de Riohacha recibió la certificación en donde se relaciona que el Municipio ha salido de la Ley 550 de 1999. El Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, ya es parte de la historia administrativa local. Ello significa que la municipalidad ha recobrado su autonomía administrativa y puede con independencia, ejercer su personería jurídica sin las restricciones del llamado Comité de Acreedores. En cumplimiento de la Ley 550, el municipio asumió reglas especiales de obligatorio cumplimiento en cuanto a su manejo financiero. La prioridad fue el pago a terceros (acreedores) incluidos en el acuerdo. La inversión social, se aplazó hasta nueva orden.
Saneado fiscalmente el municipio con los nuevos recursos de regalías de gas, es conveniente conocer lo que sigue. Mejor dicho, después de la Ley 550 que? Nuestro Alcalde no dice nada sobre ello. Parece estar muy concentrado en resolver y seguir las pistas de las personas que hurtaron diferentes cheques en la tesorería municipal y que fueron cobrados en bancos de las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Con seguridad anda por allá.
Lo primero que tiene que hacer el alcalde, la sociedad y las personas que pretendan administrar la entidad territorial, es no olvidar lo que ha pasado. Es necesario realizar un ejercicio que reivindique la memoria, permitiendo recordar a este periodo como de altas precariedades y que afortunadamente solo demoró una década. Se ha dicho que una sociedad que olvida su pasado tiende a cometer los mismos errores en el futuro. Socialmente hablando, de ello debemos sacar activos pedagógicos para no volver al largo túnel y a cometer las irresponsabilidades admistrativas que le dieron origen a la horrible noche.
Superado el acuerdo y cubierta la deuda con los privados, lo siguiente es saldar la alta deuda existente con los asociados en la entidad territorial, es decir, con los ciudadanos y ciudadanas que han estado viviendo un conjunto de privaciones extremas de bienestar por el bajo acceso a bienes materiales y a servicios colectivos como agua potable, alcantarillado, educación, salud, vivienda, aseo, limpieza, escenario deportivos y recreativos, entre otros.
Ahora, la verdadera prueba ácida del ejecutivo municipal se encuentra en avanzar en el corto plazo con el pago de la deuda social que se tiene con los habitantes del municipio, sin comprometer el equilibrio fiscal de la entidad territorial. Para ello se disponen de los recursos liberados por la terminación anticipada del Acuerdo de Reestructuración y de los ingresos corrientes de libre inversión. La manida y socorrida expresión de que “no podemos hacer nada, ya que estamos en Ley 550” no es una excusa para incumplir el pago de la altísima deuda social existente en la agenda de quienes en la actual administración, tienen el obligante compromiso de invertir eficientemente los recursos públicos para construir una Nueva Riohacha.
