DE CÓMO LOS INDÍGENAS WAYÚU, considerados salvajes por las autoridades locales, son arrasados por el poder coercitivo del Estado local en épocas de Pedro Nel Ospina.
En el fondo “Ministerio de Gobierno” del Archivo General de la Nación reposa la evidencia de los 12 días de guerra que, finalizando el año de 1925, en épocas de Pedro Nel Ospina, enfrentaron a miembros de la comunidad Wayúu con habitantes mestizos de las cabeceras municipales en la entonces “comisaría” de La Guajira.
Descritos por la prensa latinoamericana de mediados de Siglo XIX como dadivosos, valientes o maliciosos, los Wayúu guardaron cierta distancia física de los asentamientos urbanos de Riohacha y Barrancas. Siguiendo al pie de la letra la construcción de fronteras étnicas que de un lado tenían a la sociedad mestiza y refinada y del otro a los bárbaros, salvajes e indomables, el Estado colombiano le delegó a la Iglesia la labor de incorporar a los aborígenes al proceso de la modernidad.
Fue en este contexto que el 15 de diciembre de 1925 el alarmado diputado Nicolás Dávila denunció a las autoridades centrales la “sublevación de indígenas contra civilizados”. En su misiva Dávila alertó sobre los estragos de la “invasión indígena”, que hasta el momento habría cobrado tres vidas entre los civilizados, y exigió la presencia de un mayor número de representantes de la fuerza pública, pues la policía departamental era insuficiente para “contener los desmanes goajiros”.
La respuesta fue contundente. Tan sólo tres días después el director de la Policía Nacional, Celerino Jiménez, ordenó al comisario de la Policía en Riohacha responder a los “indígenas invasores” con todo el personal disponible. “Obre con suma prudencia, pero a la vez con energía si el caso lo requiere”, fueron las instrucciones de Jiménez. Las versiones de funcionarios y miembros de la Policía departamental lo ameritaban. Estaban todos ante “la irrupción de los salvajes”.
No obstante las versiones oficiales, otras miradas, también por escrito, plasmaron un panorama divergente. En telegrama del 17 de diciembre un consternado habitante de la ciudad de Riohacha, Juan Manuel Iguarán, preso de un “lamentable sentimiento patrio”, manifestó conocer de primera mano las causas, no de la invasión sino de la “confrontación entre aborígenes de la península y habitantes de los pueblos del interior”. Según su testimonio, los brotes de violencia se dieron en el marco de la sequía y el hambre que azotaba a la población Wayúu. Describió, también, cómo decenas de indígenas emigraban día tras días a Venezuela “buscando amparo y pan para sus hijos. Asediados por el hambre, el fuerte verano y la carencia absoluta de agua”. Y denunció, además, los excesos cometidos contra la comunidad por los temidos “resguardos de rentas”, cuerpos particulares armados hasta los dientes con el permiso del Estado, que en aquella época se dedicaban a cobrar impuestos.
El rompecabezas se completa con la esquela remitida por el obispo “Atanasio” al Ministro de Gobierno el 24 de diciembre. En ella el miembro del clero afirma que los “acontecimientos bélicos siguen desarrollándose” y culpa a los “civilizados” de haber provocado el enfrentamiento “atacando y matando indios inocentes, robando ganados e incendiando ranchos”. Al igual que el acalorado diputado Dávila pide refuerzos del Estado, pero reitera que éste no debe burlar la mediación de los misioneros, quienes podrán a la postre “apaciguar a los indios”.
Una, dos y tres versiones sobre los mismos 12 días de violencia. Pero no tenemos el testimonio de los protagonistas de la violenta historia. Un choque, pues, entre civilización y barbarie narrado, como es usual, por la civilización.
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