El I.R. No. 007-10 focaliza a 19 de los 21 corregimientos que hacen parte de Uribia y califica a los siguientes sectores poblacionales Wayúu en alto riesgo: i) lideresas de la Asociación de Autoridades Tradicionales Akoshijirrawa y de la Organización Wayúu Munsurat, ii) lideresas y dignatarias de la Asociación Sütsüin Jiyeyu Wayúu / Fuerza de Mujeres Wayúu, iii) portavoces de los familiares de las víctimas de la masacre de Maicao ocurrida el 8 de noviembre de 2008, iv) Pütchipü´ü (Palabreros) que conforman la Ouutkajawaa Mülousükalü Natuma Pütchipü'üirua / Junta Mayor Autónoma de Palabreros, v) Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte de la Alta Guajira Wayúu Araurayú, y vi) personal médico y paramédico adscrito al Hospital de Nazareth y a su sistema de centros de salud en Puerto Estrella, Siapana, Villa Fátima, Warpana y Paraíso.
Analizando el escenario de riesgo, en uno de sus apartes el I.R. No. 007-10 dice textualmente:
“En esta disputa que mantienen las estructuras armadas ilegales, tanto la comandada por alias “Pablo” como las Águilas Negras, han desplegado una enorme variedad de estrategias dirigidas a capitalizar, cada uno en su favor, las atávicas rivalidades intraétnicas existentes, así como a subordinar y a tornar funcionales a sus respectivos escenarios de ilegalidad a los diferentes grupos armados que coexisten en la Alta Guajira, dando así origen a un complejo entramado de alianzas, algunas de carácter duradero y otras más frágiles y a confrontaciones de distinta intensidad, que a la postre terminan involucrando al conflicto armado a familias y a comunidades Wayúu que habitan en los territorios que se encuentran bajo el control de los grupos armados ilegales hegemónicos […] Como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales se han registrado en la Alta Guajira varias muertes violentas, la mayoría de ellas de hombres Wayúu, algunos casos ciertamente derivados de enfrentamientos y escaramuzas en tanto que otros han sido producto de retaliaciones contra comunidades o personas consideradas por el grupo armado agresor como parte de la base social de la facción armada enemiga. En razón de las arraigadas costumbres y tradiciones propias de los Wayúu, que ante la muerte violenta de un ser querido obliga a su familiares maternos a impedir la manipulación del cuerpo de la víctima por manos de personas arijunas (no Wayúu) y a trasladarlo lo antes posible hacia el cementerio familiar para proceder a enterrarlo según sus usos y costumbres, cualquier estadística que se tenga sobre muertes violentas de gente Wayúu siempre marcarán un subregistro”.
En la mencionada advertencia también se hace un análisis sobre la problemática de la trata de personas, dado que por su privilegiada posición geoestratégica La Guajira viene siendo utilizada por organizaciones internacionales dedicadas a la trata de personas como punto de salida clandestina de migrantes oriundos de África subsahariana y Asia, los cuales son llevados en tránsito hacia países de Centroamérica y el Caribe para posteriormente ingresarlos de manera ilegal a EE.UU.
Al finalizar el I.R. No. 007-10 contiene treinta y una recomendaciones dirigidas a las instituciones públicas, entre las que se pueden citar las siguientes:
“7. A la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, adelantar los trámites indispensables para abordar, con la adecuada participación de los sectores Wayúu concernidos, un informe que cuenta de la historia y situación de la población Wayúu de origen colombiano que se encuentra en Venezuela debido a desplazamientos transfronterizos derivados del conflicto armado colombiano.
“9. A las Fiscalías Regionales fortalecer sus sistemas de información con el propósito de identificar y registrar con precisión las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que han soportado las víctimas del conflicto armado pertenecientes al pueblo Wayúu, así como tener en cuenta las especificidades que para estas víctimas comportan las afectaciones a sus derechos fundamentales.
“13. Al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República y a las Direcciones de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas Minorías y Rom y del Ministerio del Interior y de Justicia para que en cumplimiento de sus misiones institucionales, promuevan suficientemente acciones concretas, focalizadas e inmediatas orientadas a prevenir mayores violaciones a los derechos humanos de la población civil Wayúu identificada en alto riesgo y a proteger adecuadamente a las víctimas del desplazamiento forzado y la violencia política derivada de la confrontación armada que se escenifica en la Media y Alta Guajira.
“13. Al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República y a las Direcciones de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas Minorías y Rom y del Ministerio del Interior y de Justicia para que en cumplimiento de sus misiones institucionales, promuevan suficientemente acciones concretas, focalizadas e inmediatas orientadas a prevenir mayores violaciones a los derechos humanos de la población civil Wayúu identificada en alto riesgo y a proteger adecuadamente a las víctimas del desplazamiento forzado y la violencia política derivada de la confrontación armada que se escenifica en la Media y Alta Guajira.
“28. Al Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas y al Grupo Contra la Trata de Personas de la Dirección de Gobernabilidad Territorial del Ministerio del Interior y de Justicia, adelantar las gestiones que se requieran a fin de crear y hacer sostenible en el tiempo el Comité Departamental Interinstitucional Contra la Trata de Personas y brindar su concurso y asesoría para formular y ejecutar un Plan de Acción Departamental Contra la Trata de Personas”.
Como archivo adjunto se encontrará el texto íntegro de la advertencia emitida para Uribia por el SAT
DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS – SAT
INFORME DE RIESGO Nº 007-10
Fecha: 7 de junio de 2010
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO
Departamento Municipio Zona urbana Zona rural Territorio étnico
Zona Comuna Barrio Corregimiento Vereda Resguardo / Territorios indígenas Tierras Colectivas / Territorio de Comunidades Negras
LA GUAJIRA Uribia Nazareth Paraíso, Yorijaru, Wawatui, San Juan Resguardo de la Alta y Media Guajira
Puerto Estrella Buenos Aíres, Kamusenta, Panterramana,
Siapana
Cabo de la Vela Puerto Bolívar,
Wimpeshi Paraíso, Marquetalia, Tres Bocas, Poropo, Wahai, Jurrarkemana Chinchino, Nuevo Ambiente, Ipapure e Irruain.
Warerpá
Bahía Honda Pusheo, Karimaya, Arijunakimana,
Punta Espada
Castilletes
El Paraíso
Taroa
Casuzo
Tawaira Villa Fátima, Ichitu, Irotshima
Porshina Kepesapuu
Irraipa Kalerruwou, Pachaca, Pérpana, Ishamulerru, Cutpío, Puerto Nuevo, Portete
Taparajín Aliaipa
Urú
Jojoncito Cerro de la Teta
Puerto López Warpana
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO
Indígenas Afrodescendientes Otra población civil
Según cifras del DANE a partir del Censo General 2005 Uribia cuenta con una población total estimada en 117.674 habitantes, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres. Cerca del 95% de su población pertenece al pueblo Wayúu.
Del total de dicha población se encuentran en riesgo aproximadamente 64.324 personas correspondientes a las cabeceras corregimentales y principales centros poblados y rancherías de los corregimientos de Nazareth, Puerto Estrella, Siapana, Cabo del Vela, Wimpeshi, Warerpá, Bahía Honda, Punta Espada, Castilletes, Taroa, Casuzo, Tawaira, Puerto López, El Paraíso, Porshina, Irraipa, Taparajín, Urú y, Jojoncito.
Dentro de los principales sectores poblacionales que se encuentran en riesgo se pueden mencionar los siguientes:
- Lideresas de la Asociación de Autoridades Tradicionales Akoshijirrawa y de la Organización Wayúu Munsurat.
- Lideresas y dignatarias de la Asociación Sutsuin Jiyeyu Wayúu / Fuerza de Mujeres Wayúu (ASJW/FMW).
- Portavoces de los familiares de las víctimas de la masacre de Maicao ocurrida el 8 de noviembre de 2008.
- Personal médico y paramédico adscrito al Hospital de Nazareth y a su sistema de centros de salud en Puerto Estrella, Siapana, Villa Fátima, Warpana y Paraíso.
- Pütchipü´ü (Palabreros) que conforman la Ouutkajawaa Mülousükalü Natuma Pütchipü'üirua / Junta Mayor Autónoma de Palabreros.
- Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte de la Alta Guajira Wayúu Araurayú.
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO
En la Alta Guajira, en jurisdicción del municipio de Uribia, ejerciendo un amplio control territorial como social, vienen actuando grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC y otros grupos armados ilegales (OGAI), los cuales, procurando mantener los escenarios de ilegalidad que han construido y queriendo deshacerse de las facciones armadas rivales, se encuentran en confrontación armada que está afectando los derechos humanos de la población civil perteneciente al pueblo Wayúu.
En la fuerte disputa que está teniendo lugar en la Alta Guajira se pueden identificar, en principio, dos grupos armados ilegales. De un lado, se encuentra una estructura que bajo la denominación de Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW) hacía parte del Bloque Norte de las AUC, la cual se mantuvo al margen del proceso de negociación con el Gobierno nacional, razón por la cual no participó en las desmovilizaciones que el Bloque Norte realizó el 8 de marzo de 2006 en el corregimiento de Chimila (El Copey) y el 10 de marzo de 2006 en el corregimiento de La Mesa-Azúcarbuena (Valledupar) y, contrariamente, inició una dinámica de consolidación en la región. Del otro lado se encuentra una estructura armada ilegal que se ha dado a conocer como las Águilas Negras y que en algunas oportunidades ha usado también la denominación de Autodefensas Unidas Combatientes de la Alta Guajira, la cual se ha configurado a partir de la confluencia de sectores disidentes de la estructura no desmovilizada del Bloque Norte de las AUC y de facciones armadas que no pudieron ser subordinadas a este grupo paramilitar.
La facción armada ilegal que tiene sus orígenes en el disidente Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW) del Bloque Norte de las AUC, la cual desde hace varios años se encuentra comandada por alias “Pablo”, de manera hábil ha establecido vínculos con grupos armados ilegales de mayor envergadura y hoy por hoy mantiene una estrecha alianza con la estructura armada ilegal conocida como Los Paisas, cuyo origen, como se sabe, está relacionado con la llamada Oficina de Cobro de Envigado.
Aunque no está confirmado, es bastante probable que detrás de las denominadas Águilas Negras pueda estar también una estructura armada ilegal mucho mayor, posiblemente la conocida como Los Urabeños o La Banda de Urabá, nombre como empezaron a ser conocidas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) luego de que fuera capturado, el 15 de abril de 2009 en el bajo cauca antioqueño, alias “Don Mario” o “El Paisano”, quien fungía como su máximo comandante y quien el 15 de agosto de 2006 ya se había desmovilizado del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC.
Paralelo a la presencia y accionar de la estructura derivada del otrora llamado Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW) y de las Águilas Negras, la mayoría de las veces yuxtaponiéndose y traslapándose complejamente a estos grupos armados ilegales, en la Alta Guajira se encuentra una diversa gama de grupos armados ilegales que son bastante disímiles en cuanto a sus propósitos, alcances, permanencia, alianzas establecidas, ámbitos de influencia, entre otras características, que van desde aquellos grupos que han asumido como forma de sobrevivencia el pillaje, el robo y el atraco y que se pueden caracterizar perfectamente como bandas delincuenciales; pasando por grupos que se arman con el propósito central de defenderse de grupos familiares enemigos y rivales con los cuales sostienen un enfrentamiento, respetando los códigos de honor y las claves de la guerra establecidos tradicionalmente por los Wayúu, prolongadas y desgastantes guerras intraétnicas; siguiendo con grupos que participan y están insertados en algunos circuitos de economías ilegales, entre ellas el narcotráfico, hasta grupos de resistencia que se han aliado con la finalidad de defenderse de los atropellos y abusos que cometen los grupos armados ilegales. En todo caso y para evitar equívocos se hace necesario precisar que, en términos generales, estos heterogéneos grupos armados no cuentan con estructuras permanentes y sostenidas en el tiempo, sino que funcionan con una lógica muy similar a la que tienen las milicias, es decir, que en torno a un reconocido liderazgo convergen varios hombres unidos por vínculos familiares o por lealtades étnicas, con el propósito de llevar a cabo puntuales y específicas acciones, sean éstas ofensivas o defensivas, luego de las cuales los que en ellas participaron se dispersan y retornan a sus actividades tradicionales.
En esta disputa que mantienen las estructuras armadas ilegales, tanto la comandada por alias “Pablo” como las Águilas Negras, han desplegado una enorme variedad de estrategias dirigidas a capitalizar, cada uno en su favor, las atávicas rivalidades intraétnicas existentes, así como a subordinar y a tornar funcionales a sus respectivos escenarios de ilegalidad a los diferentes grupos armados que coexisten en la Alta Guajira, dando así origen a un complejo entramado de alianzas, algunas de carácter duradero y otras más frágiles y a confrontaciones de distinta intensidad, que a la postre terminan involucrando al conflicto armado a familias y a comunidades Wayúu que habitan en los territorios que se encuentran bajo el control de los grupos armados ilegales hegemónicos.
En este juego de construcción y deconstrucción de alianzas, la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo”, a través de diferentes estratagemas que van desde la utilización abierta de la violencia hasta la puesta en marcha de dispositivos disuasorios, ha logrado subordinar a algunos grupos armados ilegales propios de la región dedicados a actividades delincuenciales, sobre todo a uno que opera a lo largo de la frontera internacional con Venezuela, lo mismo que a grupos armados que están insertados en el narcotráfico y que tienen su área de influencia cerca del Lago de Maracaibo.
Por su parte las Águilas Negras, están construyendo una sólida alianza en la que convergen varios grupos Wayúu de gente armada que por circunstancias distintas han estado en disputa con la estructura derivada del antiguo Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW), para lo cual se han cuidado de evitar al máximo que en las confrontaciones armadas o en las acciones de retaliación contra la población civil caigan víctimas Wayúu, toda vez que ello les granjearía la enemistad y rivalidad de otros sectores Wayúu con lo cual se podrían afectar las alianzas existentes.
La fuerte disputa entre estas estructuras armadas ilegales por el control de los corredores de movilidad, los cuales, valga decir, están conformados por una intrincada red de carreteables y trochas que desembocan ya sea en los puertos naturales ubicados sobre el mar Caribe o en pasos fronterizos hacia Venezuela, así como también las acciones encaminadas a la subordinación funcional de los sectores poblacionales Wayúu que allí habitan, y que en muchas ocasiones, a través del miedo o de la entrega de dávidas, son vinculados a sus respectivas redes de inteligencia, logísticas y de avituallamiento, se constituyen en un grave riesgo para la población civil Wayúu de la Alta Guajira.
La abierta manipulación que los grupos armados ilegales enfrentados en la región hacen de los conflictos intraétnicos que tienen lugar entre familias Wayúu rivales, que básicamente consiste en, de conformidad con las necesidades estratégicas de los escenarios de ilegalidad que controlan, apoyar a uno u otro grupo familiar Wayúu en la guerra contra sus enemigos, para luego capitalizar en beneficio de sus correspondientes proyectos armados y económicos ilegales el apoyo ofrecido, lo que a su vez les ha servido para esconder detrás de las atávicas guerras Wayúu un buen número de sus operaciones y actividades ilegales, ciertamente le imprime unas características sui generis, diríase endémicas, a la dinámica del conflicto armado que se escenifica en esa estratégica región de La Guajira.
El que para los Wayúu no sea fácil establecer fronteras precisas entre las responsabilidades individuales y las familiares, sumado al que los grupos armados ilegales que operan en la región han logrado construir una bien montada y extensa red de inteligencia y teniendo en cuenta que el entramado de alianzas que han tejido ha facilitado a los grupos armados ilegales hacerse a una importante base social y de apoyo, ha derivado en la existencia de un complejo escenario en el cual no sólo representa grandes dificultades diferenciar con meridiana claridad los orígenes, motivaciones y victimarios de las acciones y actividades desarrolladas por los distintos grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC y otros grupos armados ilegales (OGAI), sino, lo que es mucho más grave, en repetidas ocasiones la operatividad desplegada por estos grupos logra mimetizarse tras las bases sociales y de apoyo que han podido consolidar, situación que entraña enormes riesgos para la población civil Wayúu en razón a que no siempre es fácil hacer deslindes y distinciones entre los combatientes y la población civil.
La disputa que mantienen estos grupos armados ilegales en la región ha ocasionando numerosos casos de desplazamientos forzados de grupos familiares Wayúu, algunos de los cuales se han dado al interior del Resguardo de la Alta y Media Guajira, otros se han dirigido hacia Venezuela, principalmente hacia la capital del estado de Zulia y, en menor medida, otros han tenido como destino los cascos urbanos de Uribia, Maicao y Riohacha. La casi totalidad de los desplazamientos forzados que involucran a los Wayúu pasan totalmente desapercibidos para la institucionalidad pública, dado que las víctimas no acuden a declarar los casos ante las entidades competentes.
Como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales se han registrado en la Alta Guajira varias muertes violentas, la mayoría de ellas de hombres Wayúu, algunos casos ciertamente derivados de enfrentamientos y escaramuzas en tanto que otros han sido producto de retaliaciones contra comunidades o personas consideradas por el grupo armado agresor como parte de la base social de la facción armada enemiga. En razón de las arraigadas costumbres y tradiciones propias de los Wayúu, que ante la muerte violenta de un ser querido obliga a su familiares maternos a impedir la manipulación del cuerpo de la víctima por manos de personas arijunas (no Wayúu) y a trasladarlo lo antes posible hacia el cementerio familiar para proceder a enterrarlo según sus usos y costumbres, cualquier estadística que se tenga sobre muertes violentas de gente Wayúu siempre marcarán un subregistro.
Los grupos armados ilegales enfrentados en la Alta Guajira han puesto en marcha distintos mecanismos de reclutamiento, el cual se expresa fundamentalmente a través de dos maneras: Una primera se hace a través de la vinculación de jóvenes y adultos Wayúu con destino a sus redes de información y de apoyo logístico distribuidas y dispersas a lo largo de la Alta y Media Guajira. Sobre el particular no hay que descartar que se hayan podido presentar casos de reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes (NNA). Una segunda tiene que ver con la incorporación directa a sus estructuras armadas y a sus redes de coerción de jóvenes y adultos, Wayúu y arijunas, reclutados tanto en la Alta Guajira como en otros lugares del departamento, tales como Maicao, Riohacha y Dibulla, y en otros municipios del país, fundamentalmente de Antioquia y Córdoba.
Cabe decir también que una importante franja de la población Wayúu de la Alta Guajira se encuentra intimidada y amedrentada en razón a la cada vez más recurrente presencia de grupos armados ilegales que, en el mejor de los casos, utilizan sus territorios como corredores de tránsito de armas, pertrechos, contrabando y cocaína o, lo que es mucho más riesgoso para su seguridad, deciden ubicar sus zonas de refugio y retaguardia en el entorno de sus rancherías.
En especial riesgo se encuentran aquellos sectores Wayúu que se han hecho visibles a partir de la defensa los derechos de las víctimas Wayúu a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición; aquellos que han venido denunciando, en instancias nacionales e internacionales, las afectaciones que el pueblo Wayúu ha recibido a causa del conflicto armado y la violencia política; aquellos que han construido y difundido un discurso crítico frente a los megaproyectos mineros, hidrocarburíferos y energéticos que existen en La Guajira; y aquellos que han procurado mediar en algunos de los conflictos que enfrentan a grupos familiares Wayúu rivales, algunos de los cuales, como se ha visto, han sido permeados, infiltrados y hasta cooptados por grupos armados ilegales. Se ha conocido que algunos de estos sectores Wayúu ya han sido objeto de sistemáticas y reiteradas amenazas y hostigamientos en su contra y sobre ellos han recaído toda suerte de señalamientos y estigmatizaciones. Así mismo, varios incidentes que el personal médico y paramédico del Hospital de Nazareth y sus centros de salud de Puerto Estrella, Siapana, Villa Fátima, Warpana y Paraíso han tenido con grupos armados ilegales en momentos en que movilizan heridos de bala en las ambulancias, indican que son un sector poblacional que también se encuentra en alto riesgo.
De otro lado hay que mencionar que La Guajira, especialmente la Alta Guajira, por su privilegiada situación geográfica, cada vez con mayor frecuencia viene siendo utilizada por una red internacional de trata de personas y de migrantes oriundos de África subsahariana, principalmente de países como Eritrea, Somalia y Etiopía, así como de Asia, fundamentalmente de Nepal, Bangladesh y en menor medida China, Sri Lanka e India, como zona de tránsito y plataforma de salida clandestina hacia países de Centroamérica y el Caribe para posteriormente ser ingresadas de manera irregular a EE.UU. Dado el estrecho dominio territorial que despliegan los grupos armados ilegales en la Alta Guajira no se puede descartar la enorme probabilidad de que alguno de ellos hayan podido establecer acuerdos ya sea para posibilitar el trabajo que las redes internacionales de trata de personas y migrantes adelantan en la región o, en otro escenario, para tener alguna participación activa en alguna de las fases del proceso que comporta una actividad ilegal de esta naturaleza.
En el contexto anteriormente descrito, es bastante probable que se presenten graves violaciones a los derechos fundamentales e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) por parte de los grupos armados ilegales en disputa, lo cual se podría materializar en homicidios selectivos y múltiples (masacres); reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas, adolescentes (NNA) y reclutamiento de jóvenes; amenazas, intimidaciones y atentados contra la vida de lideresas, autoridades y líderes del pueblo Wayúu; accidentes con Municiones Sin Explotar (MUSE) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG); afectación a la vida e integridad personales lo mismo que daños a los bienes civiles por posibles enfrentamientos armados con interposición de población civil; empleo de métodos violentos encaminados a subordinar a la población Wayúu a los escenarios de ilegalidad; restricciones a la movilidad de personas, bienes y alimentos; desapariciones forzadas; ataques contra bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y desplazamientos forzados, entre otros.
2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES EN LA ZONA
FARC-EP ELN OTRO
3. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DE LA AMENAZA
FARC-EP ELN OTRO
4. FACTIBLES INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (D.I.H).
- ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FISICA DE LA POBLACIÓN CIVIL (desaparición forzada, homicidio selectivo, de configuración múltiple, masacre)
- AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES BELICAS (ataque indiscriminado, enfrentamientos con interposición de población civil)
- UTILIZACIÓN DE MÉTODOS O MEDIOS PARA GENERAR TERROR EN LA POBLACIÓN CIVIL.
- DESTRUCCIÓN DE BIENES CIVILES Y/ O AFECTACIÓN DE BIENES INDISPENSABLES PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA POBLACIÓN CIVIL.
- DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACION CIVIL.
- RECLUTAMIENTO
5. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS:
- A LA VIDA.
- A LA INTEGRIDAD PERSONAL.
- A NO SER DESPLAZADO.
- A NO SER DESAPARECIDO.
- A LA LIBERTAD PERSONAL
- A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA
- AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
- A LA LIBRE ASOCIACIÓN
- A LA LIBRE CIRCULACIÓN
- A PODER REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE
- A NO SER CONSTREÑIDO A EJECUTAR UN TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO
VALORACIÓN DEL RIESGO
El municipio Uribia, conocido tradicionalmente con el nombre de Chitki, se ubica al norte del departamento de La Guajira en el extremo más septentrional de Colombia y de Sudamérica. Limita al norte con el mar Caribe, al sur con el municipio de Maicao y con Venezuela, al oeste con el municipio de Manaure y el mar Caribe y al este con el mar Caribe y con Venezuela. Tiene un área de 8.200 kilómetros cuadrados de extensión, de los cuales 8.190 kilómetros cuadrados corresponden al área rural y 6 kilómetros cuadrados configuran el área urbana.
El límite convencional que divide a la Alta Guajira de la Media Guajira está dado por la línea imaginaria que se traza desde el Cabo de la Vela en litoral Caribe hasta el hito Matajuna en la frontera con Venezuela. En ese orden de ideas Uribia abarca la totalidad de la Alta Guajira y el 15% de la Media Guajira.
Según información del DANE a partir del Censo Nacional 2005, Uribia cuenta con 117.674 habitantes, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres y tiene una densidad poblacional de 19.94 habitantes por kilómetro cuadrado. Del total de la población municipal el 95% habita en el área rural y el 5% en el área urbana. Se estima que cerca del 95% de su población total pertenece al pueblo Wayúu.
Para el 2005 el 96.05% de la población se encontraba con necesidades básicas insatisfechas o evidenciaba condiciones de pobreza extrema, de donde la población con condiciones de vida más precarias correspondía a la rural que alcanzaba el 98.42%. Para 2008 el número de personas afiliadas al régimen subsidiado de seguridad social en salud era de 72.363 y al régimen contributivo era de 2.681.
El municipio se encuentra dividido en veintiún corregimientos, a saber: Nazareth, Puerto Estrella, Siapana, Cabo de la Vela, Wimpeshi, Warerpa, Bahía Honda, Punta Espada, Castilletes, El Paraíso, Taroa, Casuzo, Tawaira, Porshina, Irraipa, Taparajín, Urú, Jojoncito, Puerto López, El Cardón y Carrizal. En la cabecera municipal se encuentran, entre otros, los siguientes barrios: Colombia, Venezuela, Fonseca Siosi, San José, Eduardo Abuchaibe Ochoa, Matadero, La Florida, Las Mercedes, Esfuerzo Wayúu, Etnia Wayúu, Simón Bolívar, Polideportivo, Ismael garcía, Patio Bonito o Vivero y Alto (Ver: Alcaldía Municipal de Uribia. Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). Mayo de 2000).
Uribia se comunica con Manaure a través de una vía asfaltada de 20 kilómetros de longitud que se encuentra en regular estado, con Maicao por la ruta de Cuatro Vías con una carretera asfaltada de 38 kilómetros de longitud, y siguiendo la misma ruta con Riohacha por una carretera de 38 kilómetros de longitud. Existe una vía carreteable que comunica a la cabecera municipal con Puerto Bolívar y otras vías en muy mal estado que comunican con el Cabo de la Vela, Bahía Honda, Taroa, Puerto Estrella, Puerto López y Nazareth. La inmensa mayoría de carreteables de la Alta Guajira quedan intransitables durante las temporadas de lluvias.
El territorio municipal presenta dos conjuntos morfológicos principales, a saber, la extensa llanura de la Media Guajira y el mosaico de serranías, cerros, colinas, mesas, corredores y llanuras de la Alta Guajira. Entre las principales serranías de la Alta Guajira se pueden mencionar a Jarara (Parashi), La Macuira, Cocinas y Cojoro.
Uribia posee también un importante número de puertos entre los que se pueden mencionar, como los más importantes, los siguientes: i) Puerto Bolívar, ubicado en la margen occidental de Bahía Portete, es un puerto privado de propiedad del complejo minero del Cerrejón que permite recibir buques carboneros de hasta 150 mil toneladas de peso muerto, ii) Puerto Estrella, ubicado en el sector frontal de la península de La Guajira, es el único puerto que ofrece una entrada a embarcaciones menores en forma directa, iii) Puerto Nuevo, ubicado en Bahía Portete, permite el arribo de pequeñas embarcaciones provenientes de Panamá, Aruba, Curazao y otras islas del Caribe que traen mercancías cuyo destino principal es el municipio de Maicao, y iii) Portete, ubicado sobre la bahía del mismo nombre, tuvo un gran dinamismo durante cerca de tres décadas hasta que, hacia 2004, fue cerrado. Otros puertos que en distintas épocas del pasado fueron muy utilizados y que hoy en día tienen muy poco uso son: i) Guarre, en Bahía Portete, ii) Poportín, el más cercano al casco urbano de Uribia, iii) Ahuyama, en las postrimerías del siglo XIX y en las tres primeras décadas del siglo XX tuvo una época floreciente, iv) El Cabo de la Vela, durante la época de la dominación hispánica y a lo largo de varias décadas tuvo una muy importante pesquería de perlas, v) Puerto López, es tal vez el primer puerto utilizado por los contrabandistas y marimberos, vi) Castilletes, a mediados del siglo XX tuvo un enorme tráfico comercial, y vii) Carrizal (Ver: Alcaldía Municipal de Uribia. Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). Mayo de 2000).
La economía de Uribia gira alrededor de la ganadería extensiva de caprinos, de la pesca artesanal realizada a lo largo del territorio costero por familias Wayúu Apalaanshi, del procesamiento artesanal del dividivi, del comercio de productos provenientes de Venezuela, de Panamá y de las islas del Caribe y del aprovechamiento y prestación de servicios turísticos, los cuales se realizan principalmente en el Cabo de la Vela y en el Parque Natural Nacional La Macuira (Nazareth).
De manera artesanal y en pequeña escala todavía se explotan algunos yacimientos de yeso, barita y talco. Desde Puerto Bolívar, en donde termina una línea férrea de 150 kilómetros de extensión que viene del sur de La Guajira, se exporta con destino a los mercados internacionales el carbón explotado en la mina del Cerrejón. Así mismo en Uribia existen importantes yacimientos gasíferos e hidrocarburíferos, algunos de los cuales están en su fase de exploración en tanto que otros vienen siendo explotados plenamente. En la Alta Guajira en jurisdicción del corregimiento de Puerto Estrella, involucrando a las comunidades de La Loma, Loma Diez y Sulimana, avanza el proyecto de exploración gasífera conocido como Bloque Exploratorio Tiburón.
De otro lado, el municipio tiene un enorme potencial en lo que concierne al uso y aprovechamiento de la energía eólica. Desde abril de 2004, al norte de la ranchería Kasiwolin y al occidente de la ranchería Arutkajui, entró en operación el Parque Eólico Jepirachi que tiene una potencia nominal de 19,5 megavatios, con 15 aerogeneradores, cada uno de 1.300 kilovatios. Hoy por hoy en jurisdicción de Uribia, en distintas fases, se están implementando proyectos de energía eólica en los siguientes lugares: Nazareth, Puerto Estrella, Media Luna, El Cardón, Carrizal y Cabo de la Vela, entre otros.
Se ubican en Uribia dos importantes áreas de régimen especial que son el Resguardo de la Alta y Media Guajira y el Parque Natural Nacional Macuira.
El Resguardo de la Alta y Media Guajira, constituido mediante la Resolución del INCORA 015 del 28 de febrero de 1984 y ampliado mediante Resolución del INCORA No. 028 del 19 de julio de 1994, abarca una extensión total de 1.998.385 hectáreas con 4.250 metros cuadrados que, además de áreas importantes de Manaure, Maicao y Riohacha, comprende la casi totalidad del territorio de Uribia con la excepción de su cabecera urbana, las cabeceras corregimentales de Taroa y Puerto Estrella y las áreas destinadas para la vía férrea y el puerto asociados a la explotación carbonífera del Cerrejón.
Por su parte el Parque Natural Nacional Macuira, creado mediante Acuerdo del INDERENA No. 027 de 1977 y aprobado a través de la Resolución Ejecutiva No. 176 de 1977 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se ubica en el corregimiento de Nazareth y posee una extensión de 25.000 hectáreas que se traslapan con cerca de 54 territorios tradicionales Wayúu. El parque se encuentra subdividido en cuatro zonas, a saber: intangible o sagrada, de restauración, ecoturística y de uso social.
La subsistencia de Uribia depende casi exclusivamente de las transferencias aportadas por la Nación y de las regalías recibidas por concepto de la explotación carbonífera y de hidrocarburos. Uribia manifiesta profundos e inocultables problemas estructurales. La educación y la salud acusan graves deficiencias en cuanto a cobertura y a calidad, la prestación de los servicios públicos domiciliarios no sólo no es la más adecuada en las áreas urbanas sino que es inexistente en las áreas rurales, los niveles de desempleo de sus habitantes son extremadamente altos y la mayor parte de su población afronta serios problemas de empobrecimiento y precarización de sus niveles de vida lo que se traduce en el alto número de sus habitantes pertenecientes a los estratos 1 y 2. De otro lado hay que mencionar que Uribia se caracteriza por la manifiesta debilidad de sus instituciones públicas lo cual se traduce en la precaria gobernabilidad que despliega, sobre todo en las áreas rurales situadas en la Alta Guajira, y en que en algunos niveles de la administración pública se sigan presentando casos de clientelismo y corrupción.
En razón de su estratégica ubicación geográfica, derivada de ser un municipio con una amplia frontera con Venezuela y con acceso directo e inmediato al mar Caribe, y de las características topográficas y climáticas de su territorio, que le dieron forma a un área desértica que se convirtió en una barrera natural que impidió la penetración y consolidación de la colonización, Uribia se configuró en una verdadera “zona de refugio” que posibilitó, a lo largo de varios siglos, la existencia de una larga tradición de ilegalidad que se remonta a la época de la dominación hispánica, desde cuando los Wayúu, en ejercicio de su autonomía y transgrediendo la normativa colonial existente, sostenían un fluido y activo comercio con piratas, corsarios y bucaneros franceses, ingleses y holandeses. La convergencia en Uribia de estos elementos geográficos, históricos y culturales favorecieron la presencia en su territorio de grupos armados ilegales diversos que buscaron siempre ejercer un control sobre las rutas del contrabando y el comercio, así como sobre los corredores de movilidad que históricamente se han configurado.
Dada la ausencia de fuentes de empleo y debido a que la presencia de la institucionalidad social y civil del Estado es sumamente precaria cuando no inexistente en la Alta Guajira, los grupos armados ilegales se han convertido en una alternativa a través de la cual a partir de la realización de variadas tareas, tales como guardar y vigilar cargamentos de cocaína, informar sobre los movimientos de las personas que transitan por determinados lugares, llevarles alimentos y medicinas, servirles de emisarios, etc.,algunos grupos familiares Wayúu obtienen dinero para cubrir sus necesidades vitales.
Como es bien conocido, la presencia en Uribia, Maicao y otros municipios de la región, de diversos grupos armados ilegales, antecede en varias décadas a la penetración, expansión y consolidación en La Guajira de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de manera que cuado este proyecto paramilitar incursionó en el norte del departamento se encontró con la presencia de otros grupos armados ilegales, algunos de los cuales terminaron subordinados, otros fueron aniquilados y otros, los menos, pudieron mantenerse con relativa autonomía e independencia. Durante el boom de la marimba (1975-1985) se originaron una gran cantidad de grupos armados ilegales que tenían como propósito central defender a los marimberos locales y a sus negocios de las pretensiones de marimberos adversarios y enemigos. Así mismo, años atrás ya los grandes contrabandistas se habían dotado de verdaderos ejércitos privados que les brindaban seguridad y les permitía regular las actividades inherentes a la actividad económica ilegal en la cual estaban inmersos. De otro lado con el paso de los años se fueron conformando también grupos armados ilegales asociados a redes de narcotraficantes. Más recientemente, al amparo de algunos de estos grupos armados ilegales se conformaron redes de sicarios y “gatilleros” que con el correr del tiempo terminaron cooptadas por las facciones armadas ilegales más fuertes y poderosas. Puede decirse que la aparición en la región del sicario, es decir de aquella persona a la que se contrata para que realice alguna acción ejemplarizante o de retaliación, marca el punto de quiebre entre los grupos armados ilegales de antes, los cuales de alguna manera atendían a ciertos códigos y claves de la guerra tomados de los Wayúu, y los grupos armados ilegales que terminaron haciendo parte de las AUC y que llegaron con otras lógicas y racionalidades para hacer la guerra.
El llamado Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW), de donde surge la estructura armada ilegal que actualmente opera en la Alta Guajira al mando de alias “Pablo”, fue creado como parte de la reorganización a la que fue sometido el Bloque Norte, luego de la cruenta disputa que se dio en el periodo de diciembre de 2001 a febrero de 2002 en las estribaciones de la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta sobre la Carretera Troncal del Caribe, entre esta estructura de las AUC y las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACMG) comandadas por Hernán Giraldo Serna, alias “El Patrón” y que finalmente se saldó con la victoria del proyecto político y militar encarnado por las AUC y el consecuente fortalecimiento del Bloque Norte y la cooptación de las ACMG que pasaron a llamarse Frente Resistencia Tayrona (FRT).
Así, el Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW), pieza clave del engranaje del Bloque Norte de las AUC, se constituyó a partir de la confluencia de cuatro estructuras principales. La primera de ellas se ubicó en la Alta Guajira y tuvo como uno de sus primeros comandantes a alias “Pablo”. Haciendo parte de la segunda estructura que se asentó en el entorno de Maicao estuvieron alias “Felipe”, Inspector General del Bloque Norte, y alias “Lucho”, quien desde el corregimiento de Carraipía se constituyó en uno de sus mandos más visibles. La tercera estructura asentó sus hombres en Riohacha y tuvo como uno de sus comandantes a alias “90”. Finalmente la cuarta estructura operó desde Mingueo y estuvo al mando de alias “Ramiro”, quien llegó a ser el máximo comandante del Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW) en reemplazo de alias “Tolima”. Sobre el fin de algunos de estos mandos paramilitares puede decirse que alias “Pablo” no se desmovilizó y continúa al frente de la facción armada ilegal que opera en la Alta Guajira, alias “Felipe” fue asesinado en Bogotá, D.C. a fines de 2007 por orden de otro grupo armado ilegal, alias “Lucho” fue capturado en Soledad (Atlántico) el 28 de febrero de 2007 y alias “Ramiro” junto a alias “90” fueron asesinados en el Urabá antioqueño a principios de 2007.
Las primeras acciones del recién fundado Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW) en La Guajira estuvieron encaminadas a reorganizar y articular a las estructuras del Bloque Norte que años atrás ya habían penetrado e incursionado en el norte del departamento, seguidamente comenzó a tejer una red de alianzas con algunos de los grupos armados ilegales que ya existían en la región y que se dedicaban a los servicios de seguridad y los negocios ilegales de contrabandistas poderosos y de narcotraficantes y posteriormente se dio a la tarea de combatir y derrotar a todas aquellas estructuras armadas ilegales tanto a las que les mostraran abierta resistencia como a aquellas que no quisieron plegarse al proyecto paramilitar de las AUC. En este contexto, de manera hábil los integrantes del Bloque Norte manipularon y capitalizaron en su favor las numerosas vendettas y confrontaciones existentes entre los ejércitos privados y cuerpos de seguridad de contrabandistas y narcotraficantes, así como las tradicionales guerras entre grupos familiares Wayúu adversarios.
Cuando en febrero de 2002 el Bloque Norte de las AUC penetró en la Media y Alta Guajira su estrategia estuvo encaminada a asumir el pleno control de los corredores estratégicos que tradicionalmente venían siendo utilizados como rutas para el contrabando y el narcotráfico, lo cual se tradujo en que los Wayúu y los guajiros que controlaban esos corredores de movilidad, a través del ejercicio de la violencia y mediante distintas estrategias de disuasión y persuasión, fueran desplazados, asesinados o subordinados al proyecto paramilitar el naciente Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW).
Cabe decir que los consecutivos asesinatos del Bloque Norte de las AUC, primero el del prestigioso y reconocido patriarca Wayúu, Francisco “Franco” Boscán Bonivento, ocurrida en Maicao el 28 de diciembre de 2001, quien se opuso con firmeza a la presencia de grupos armados ilegales en su territorio y luego el de dos reconocidos Wayúu, Mario Cotes y Luis Ángel González Boscán, sucedidos respectivamente el 10 de julio de 2002 y el 6 de marzo de 2003 en la Carretera Troncal del Caribe en jurisdicción de Dibulla, pueden entenderse como momentos de quiebre que marcan el inicio de la hegemonía del Bloque Norte en Uribia y La Guajira.
El período en que estuvo vigente la llamada “zona de ubicación” en Santa Fe de Ralito, Tierralta (Córdoba), es decir entre el 1 de julio de 2004 fecha en que fue oficialmente instalada hasta el 16 de agosto de 2006 cuando el Gobierno Nacional decidió trasladar a los jefes paramilitares al centro recreativo La Ceja en Itagüí (Antioquia), y cuando se suponía que las AUC se habían comprometido con el Gobierno Nacional a poner en vigor un cese de hostilidades, el Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW) incrementó sus acciones violentas contra la población civil Wayúu consolidando así su hegemonía en la Alta y Media Guajira. Aunque es muy difícil establecer el número exacto de las víctimas Wayúu que fueron asesinadas o desaparecidas por esta estructura paramilitar durante el tiempo en que se estableció la “zona de ubicación”, a manera meramente indicativa y haciendo la salvedad que hay un gran subregistro, se pueden mencionar las cifras que en su base de datos, “Itinerario de las Víctimas Wayúu”, ha venido consolidando la Asociación Fuerza de Mujeres Wayúu (AFMW). La información disponible es la siguiente para el período del que se viene hablando: 30 víctimas Wayúu para Maicao, 7 víctimas Wayúu para Uribia y 4 víctimas Wayúu para otros municipios de La Guajira (Ver: http://www.victimaswayuu.blogspot.com/).
El grueso del Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW), en especial la estructura ubicada en la Alta Guajira, se marginó de las negociaciones entre el Gobierno nacional y las AUC, razón por la cual no estuvo presente en ninguna de las ceremonias de desmovilización del Bloque Norte de las AUC en marzo de 2006. La estructura actual del Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW) de la Alta Guajira, logró capitalizar el trabajo y las prácticas de este frente de las autodefensas como los del Bloque Norte de las AUC, razón por la cual esta facción armada continuó su operatividad sin interrupción, manteniendo el dominio territorial, el control social y ejerciendo las mismas actividades ilegales que antiguamente realizaba bajo la égida de las AUC.
Como es lógico suponer, luego de la desmovilización del Bloque Norte de las AUC se sobrevino un proceso de recomposición y reconfiguración de las estructuras y reductos no desmovilizados así como de aquellos que se rearmaron. En ese contexto la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo” comenzó a construir alianzas con otros grupos armados ilegales y a cooptar y articular a algunas de las redes de sicariales de Maicao, Riohacha y Dibulla. Fue así como poco después llegó a establecer una alianza con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que duró hasta la captura de alias “Don Mario”, quien fungía como su máximo comandante. Ante el declive en la región de las AGC, que pasaron a ser denominadas con los nombres de Los Urabeños o La Banda de Urabá, y ante la ofensiva y avance de Los Paisas, alias “Pablo” materializó acuerdos con esta estructura armada ilegal a la cual se encuentra confederado en la actualidad.
La estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo” en la Alta Guajira, ha logrado establecer sólidas alianzas con otras bandas delincuenciales de la Alta Guajira dedicadas al pillaje y al robo y a otras actividades ilícitas y otros que responden a la lógica de las economías ilegales, entre ellas el narcotráfico; pero así como tiene aliados y socios, alias “Pablo” y su gente se han granjeado la enemistad y rivalidad de otros grupos armados ilegales propios de la región.
Estos grupos armados ilegales que tienen un fuerte componente étnico han entrado en confrontación con los integrantes del grupo de alias Pablo porque les endilgan que estén promoviendo la persecución de la fuerza pública en su contra. Estas diferencias han generado el establecimiento de alianzas entre los grupos armados ilegales que cuentan con nativos de ese territorio y han logrado acuerdos con las llamadas Águilas Negras, con el propósito de disputarle a alias “Pablo” su poder y hegemonía en la Alta Guajira.
Sobre el número de hombres que componen la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo” hay divergencias y coincidencias, según sean las fuentes consultadas. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) en su “Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente de la OEA” (14 de febrero de 2007) indica que el reducto no desmovilizado de la Alta Guajira está conformado por 70 hombres. En su Informe Sobre América Latina No. 10 “Los Nuevos Grupos Armados de Colombia” (10 de mayo de 2007) International Crisis Group (ICG) señala que alias “Pablo” lidera un grupo de 40 hombres no desmovilizados del Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW). La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en su informe “Disidentes, rearmados y emergentes: ¿Bandas criminales o tercera generación paramilitar?” (agosto de 2007) hace una distinción entre la “Banda de la Alta Guajira” y “Contrainsurgencia Wayúu” anotando que la primera cuenta con 70 hombres y la segunda 60, lo que daría un total de 130 hombres para esta estructura. En su informe “Nuevos Grupos Paramilitares” (24 de noviembre de 2007) el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) refiere que el “reducto no desmovilizado de la Alta Guajira” está compuesto por 40 hombres. En su Informe sobre los “Grupos Armados Emergentes en Colombia” la Fundación Seguridad y Democracia (FSD) (mayo de 2008) menciona 40 hombres para la estructura armada de la Alta Guajira. La Policía Nacional en su “Informe sobre las Bandas Criminales, BACRIM” (6 de septiembre de 2008) expresa que la “Banda de la Alta Guajira” posee 40 hombres. Finalmente la Décima Brigada Blindada (16 de marzo de 2009) indica que la “Banda Criminal de la Alta Guajira” tiene 25 hombres. Sea cual sea el número preciso de hombres con que cuenta esta estructura armada ilegal, hay que tener presente que posee una bien montada red de inteligencia, de logística y de avituallamiento que incrementa de manera ostensible su capacidad.
Diferentes fuentes comunitarias han informado que la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo” ha tenido diferentes enfrentamientos con grupos armados de gente Wayúu de diferente origen y composición; es así como se ha mencionado que un grupo armado conocido localmente como “Los Conoconitos”, el cual se encuentra prácticamente confinado en su territorio tradicional por mantener guerras vigentes con grupos familiares Wayúu rivales, ha protagonizado algunos contactos armados con la estructura armada de alias Pablo y han impedido que este agrupación ilegal armada se establezca en su territorio tradicional ubicado en el sector conocido como Irotshima.
La información que daba cuenta de la existencia de eventuales confrontaciones armadas entre la estructura armada ilegal de alias “Pablo” y variados grupos armados de gente Wayúu, venía apareciendo a lo largo de estos años como hechos aislados, producto más bien de reacciones y respuestas desarticuladas, espasmódicas y coyunturales de los grupos armados de gente Wayúu, sin embargo, desde el segundo trimestre de 2009, puede evidenciarse con mucha mayor claridad la irrupción en la Alta Guajira de otra estructura armada ilegal que buscando disputarle la hegemonía y el poder al grupo armado ilegal de alias “Pablo” y su gente ha organizado una alianza en la que convergen varios grupos armados de gente Wayúu. Esta estructura armada ilegal se ha dado a conocer localmente como las Águilas Negras.
Las primeras referencias explícitas de combates entre la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo” y las Águilas Negras las dio a conocer, el 5 de junio de 2009, el periódico venezolano Panorama, las cuales fueron reproducidas tres días después por el diario El Pilón de Valledupar (Cesar).
En una extensa y bien documentada nota, el periódico Panorama refería que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se venían registrando “desde hace una semana, mantienen en zozobra a los pobladores de la Alta Guajira venezolana y colombiana. Según autoridades de ambos países las balaceras han cobrado al menos tres vidas […] José David González, coordinador de la oficina de Derechos Humanos del municipio Páez, afirmó que los habitantes de La Guajira se encuentran alarmados por el enfrentamiento continuo [entre grupos armados ilegales]”. Más adelante, citando como fuente un agente de la policía del estado de Zulia, en el mismo artículo podía leerse que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales “son por el control de las vacunas, extorsión, secuestro y rutas para el transporte de droga y contrabando”. El agente de policía entrevistado por Panorama expresaba que uno de los grupos armados ilegales “siempre ha operado en las zonas de la Alta y Media Guajira, y las “Águilas Negras” dominan Mara y Páez. En los últimos meses se pudo conocer que [el grupo armado ilegal de la Alta Guajira] comenzó a robar carros, lo que originó el enfrentamiento”.
De conformidad con varias fuentes comunitarias consultadas por el Sistema de Alertas Tempranas, (SAT), las primeras informaciones precisas sobre la presencia de las Águilas Negras en la Alta Guajira, específicamente en el corregimiento de Nazareth se pueden situar desde mediados de julio de 2009 cuando un grupo aproximadamente de 10 hombres (no Wayúu), uniformados completamente de negro y portando armas de largo alcance establecieron un campamento en el lugar conocido como El Chorro Grande, ubicado en la serranía de La Macuira, en donde permanecieron hasta fines de noviembre de 2009 cuando se retiraron del lugar y se dispersaron por los corregimientos de Nazareth y Puerto Estrella. Se pudo conocer que así como se estableció este pequeño grupo de hombres en El Chorro Grande, otros grupos de tamaño similar, compuestos por hombres no Wayúu que vestían de negro y portaban armas largas, se encontraban ubicados en otros sectores de estos corregimientos.
Cuando las Águilas Negras ingresaron a Nazareth comenzaron a imponer algunas normas de control social, tales como ordenar el cierre de tiendas y establecimientos comerciales y prohibir el tránsito de vehículos y motocicletas fuera de la cabecera corregimental luego de las 10:00 p.m., hora en que se suspende el fluido eléctrico en todo el poblado. Igualmente, al parecer, esta estructura armada ilegal ha intentado cobrar cuotas extorsivas a la empresa que adelanta la exploración de gas en el Bloque Exploratorio Tiburón que se adelanta en el corregimiento de Puerto Estrella.
Como las Águilas Negras han difundido un discurso en el que de manera reiterada refieren que su accionar no acarreará ninguna víctima Wayúu toda vez que su propósito es el construir un frente de resistencia en donde confluyan distintos sectores Wayúu para combatir a la estructura armada ilegal de alias “Pablo” y así vengar la larga estela de muertos Wayúu que han dejado a su paso, han logrado construir una base social de apoyo que se ha visto favorecida por el hecho que algunos de estos hombres han establecido relaciones afectivas con jóvenes Wayúu de Nazareth y porque a algunos hombres jóvenes les están pagando para que se incorporen a sus redes de inteligencia.
Los hombres que hacen parte de las Águilas Negras son arijunas (personas no Wayúu), al parecer oriundos del Urabá antioqueño y de Córdoba. Los miembros de esta estructura armada unas veces visten de civil y portan armas cortas, sobre todo cuando hacen presencia en las cabeceras corregimentales, en tanto que en otras ocasiones se los ha visto uniformados, a veces completamente de negro y otras con prendas privativas de las fuerzas militares, portando armas largas. El número de hombres de esta estructura se calcula en cerca de 40, aunque bien podrían ser más si se suman los hombres que configuran los grupos armados de gente Wayúu que se encuentran articulados a ella y los integrantes de sus redes logísticas y de inteligencia. Todo indica, por la información que se ha podido recabar, que las Águilas Negras son una estructura mucho más organizada y sofisticada que la que se aprecia en el entorno de Nazareth y que cuenta con redes de coerción ubicadas en la cabecera municipal de Uribia, en Maicao y en Riohacha.
Según una fuente comunitaria tanto los integrantes de la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo” como los miembros de las Águilas Negras, generalmente se encuentran bien uniformados y apertrechados, porque haciendo gala de su poder y capacidad de fuego es que logran ganarse el respeto entre los Wayúu. Es muy frecuente que ambos grupos armados ilegales se muevan por el territorio de la Alta Guajira en pequeñas unidades de alrededor de 12 hombres, ya que ello les permite mayor flexibilidad y maniobrabilidad para adaptarse a las contingencias que se les puedan presentar.
La estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo” ejerce control territorial y social sobre una extensa zona situada en el entorno del la Serranía de Jarara, en donde se encuentra establecida su retaguardia estratégica, fundamentalmente en el cerro Jayurai, la cual se extiende hasta abarcar a buena parte de las jurisdicciones de los corregimientos de Wimpeshi, Tawaira, Taparajin, Porshina y Casuzo. En razón de las alianzas que ha sellado con grupos armados de gente Wayúu su ámbito de influencia comprende a la Serranía de Cocinas hasta llegar a la frontera con Venezuela para incorporar a varios sectores de los corregimientos Jojoncito, Castilletes, Puerto López, Siapana y Warerpa a través de los cuales es sacada la cocaína con destino a los mercados internacionales. El territorio controlado por esta facción armada ilegal incluye los estratégicos corredores de movilidad que comunican a la Serranía de Jarara con el golfo de Maracaibo y con la frontera con Venezuela al igual que a aquellos que desde Maicao atraviesan la Serranía de Cocinas y desembocan en distintos lugares de los corregimientos de Jojoncito, Castilletes y Puerto López.
Por su parte las Águilas Negras mantienen control territorial y social sobre una vasta región que abarca a la Serranía de La Macuira y a una parte importante de las jurisdicciones de los corregimientos de Nazareth, Puerto Estrella, Taroa y Bahía Honda. A partir de las alianzas que esta estructura armada ilegal ha establecido con grupos armados de gente Wayúu, ha logrado disputarle a la facción de alias “Pablo” y su gente el control sobre parte de la jurisdicción de los corregimientos de Siapana, Punta Espada y Puerto López. Se precisa mencionar que los corredores de movilidad que desde Uribia llegan hasta los puertos ubicados sobre el mar Caribe hacen parte del ámbito territorial dominado por las Águilas Negras, los cuales son utilizados para movilizar sus actividades y negocios ilegales.
La disputa que libran estos grupos armados ilegales así como las consabidas “vendettas” que por supuestas o reales delaciones y traiciones se presentan al interior de los mismos, cada vez con mayor intensidad están involucrando y afectando a la población civil Wayúu. La gravedad del asunto obedece a que la organización social Wayúu, estructurada a partir de la configuración de linajes distintos constituidos por fuertes y extensos matrigrupos familiares que ostentan poderes descentralizados, independientes y autónomos, implican que, desde la tradición cultural Wayúu, no es posible comprender al individuo aislado del matrigrupo familiar al cual está adscrito, toda vez que su misma existencia estriba en el lugar que ocupa y en el rol que desempeña al interior de sus redes de filiación y parentesco, lo que se expresa en que para la inmensa mayoría de las acciones y actividades realizadas por un Wayúu, tanto las públicas como las de su vida íntima, sobre todo aquellas asociadas con el honor, las ofensas, el derramamiento de sangre, entre otras, la responsabilidad que recae no es individual sino que es un asunto que involucra y concierne a todo su grupo familiar extenso, principalmente por vía materna, razón por la cual, por ejemplo, la participación de un Wayúu en un determinado grupo armado ilegal no sólo lo compromete a él como persona sino que termina siendo extensivo a todo el conjunto de su grupo familiar, lo que se traduce en que con mayor facilidad y frecuencia se viole el principio de distinción entre combatientes y población civil.
En relación con lo anterior, a través de un reciente oficio suscrito por la Defensoría Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas de la Defensoría del Pueblo que fuera dirigido a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia, se expresaba enfáticamente que “tales circunstancias constituyen indicadores que ameritan ser analizados con sumo cuidado a efectos de precaver y controlar las estigmatizaciones generalizadas que existen en la región, respecto de que todas las comunidades Wayúu se encuentran inmersas en acciones armadas delictivas; tal posición, además de improcedente para proceder a la vigencia de los derechos humanos sería inconveniente en la adopción de medidas y acciones de control orientadas a la solución de los conflictos de la región, así como para realizar un efectivo control sobre los actores que generan formas desestabilizadoras del contexto político, social y económico de la población de la Media y Alta Guajira” (Ver: Oficio Defensoría del Pueblo No. 4080-0201 del 29 de marzo de 2010).
El accionar de estos grupos ilegales se ha traducido en una larga cadena de asesinatos selectivos que se han sucedido no sólo en Uribia sino también en Maicao; en la ocurrencia de casos desplazamientos forzados, varios de ellos transfronterizos, la mayoría de los cuales pasan totalmente desapercibidos; en el incremento del cobro de coacciones extorsivas contra comerciantes y transportadores de Uribia y Maicao; en el reclutamiento forzado de jóvenes y también en el reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son vinculados a sus redes logísticas y de inteligencia; en accidentes con Explosivos Remanentes de Guerra (ERG) o Municiones Sin Explotar (MUSE); y en la intensificación de las amenazas y hostigamientos contra sectores poblacionales Wayúu, especialmente contra aquellos que trabajan sobre los derechos de las víctimas Wayúu del conflicto armado, contra los que han venido denunciando la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios tradicionales, contra los que han expresado sus críticas a los megaproyectos mineros, hidrocarburíferos y energéticos que avanzan en territorio Wayúu y contra los que están empeñados en hacer prevalecer la Sukuaipa Wayúu sobre los intereses de los grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC y de otros grupos armados ilegales (OGAI).
Aunque seguramente hay un subregistro, ciertamente mucho menor que el que traen algunas cifras oficiales, puede ser ilustrativo revisar la base de datos “Itinerario de Víctimas Wayúu” de la Asociación Fuerza de Mujeres Wayúu (AFMW) de donde se puede colegir que el Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW) y los grupos armados ilegales sucesores, entre mayo de 2003 y agosto de 2009, causaron en Uribia la cifra de 33 víctimas Wayúu, incluyendo las víctimas de la masacre de Bahía Portete ocurrida el 18 de abril de 2004; en tanto que en Maicao, para el periodo comprendido entre marzo de 2002 y enero de 2010, ocasionaron 98 víctimas Wayúu. (Ver: http://www.victimaswayuu.blogspot.com/).
Igualmente el Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW) así como los grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC sucesores que están operando en la Alta Guajira, han sido los responsables directos del desplazamiento forzado de un indeterminado número de personas y grupos familiares Wayúu que han tenido que abandonar sus rancherías de origen sea para residir en otras situadas al interior del mismo Resguardo de la Alta y Media Guajira o en otros Resguardos Wayúu o para trasladarse hacia las cabeceras urbanas de Maicao, Riohacha y otros municipios de La Guajira o para asentarse en territorio venezolano.
El fenómeno del desplazamiento forzado en el pueblo Wayúu no ha sido comprendido en su entera dimensión y a la fecha los datos disponibles son muy fragmentarios. En un encuentro sostenido en Valledupar (Cesar) el 25 de junio de 2006 entre organizaciones Wayúu y Walter Kälin quien ostentaba el papel de Relator Especial de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados Internos quien se encontraba en misión oficial en Colombia, entre otros aspectos las organizaciones Wayúu presentes coincidían en señalar que “se han presentado varios desplazamientos masivos de familias Wayúu. Sin embargo generalmente los desplazamientos se han venido haciendo “gota a gota”, de manera que primero van llegando unas familias y con el paso de los meses van llegando otras emparentadas, hasta conformar núcleos de familias desplazadas que se concentran alrededor de un mismo lugar. La inmensa mayoría de estos desplazamientos, tanto masivos como individuales, no han sido reportados y la población involucrada no aparece en ningún registro. Ya sea por desconfianza, por temor, por ignorancia o por pragmatismo, el hecho es que son muchas las familias Wayúu que se desplazan quedándose por fuera de las estadísticas y de los registros”.La referida intervención concluía con un llamado a la institucionalidad pública para que “se reconozcan las especificidades y las características sui generis, que en referencia al pueblo Wayúu, presenta el fenómeno del desplazamiento interno y hacia Venezuela, para que no se siga ocultando la tragedia que soporta nuestro pueblo. Debe quedar enteramente claro que la invisibilización de la problemática del desplazamiento interno en el pueblo Wayúu se ha convertido en una amenaza para la integridad étnica y cultural de nuestro pueblo”. (Ver: Asociación Fuerza de Mujeres Wayúu. Acerca del desplazamiento interno. Consideraciones de organizaciones del pueblo Wayúu. Valledupar. 25 de junio de 2006).
La disputa que sostienen desde hace varios meses la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo” y las Águilas Negras y el cada vez mayor involucramiento de algunos de los grupos armados de gente Wayúu ya sea para apoyar directa o indirectamente a uno u otro de los bandos enfrentados, ha derivado en el establecimiento de precarios equilibrios de fuerza que cuando han sido rotos o ha habido riesgo de rupturas, ha impactado negativamente sobre todo a la población civil Wayúu, fundamentalmente aquella que, desde Uribia y otros municipios de La Guajira, están adelantando distintas dinámicas organizativas o desarrollan un trabajo que los grupos en contienda terminan viendo con recelo por considerarlo proclive a su enemigo y rival.
Entre los sectores Wayúu que se encuentran en alto riesgo de sufrir vulneraciones a sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y libertad personal, se pueden mencionar los siguientes:
- En primer lugar a las lideresas, dignatarias y autoridades pertenecientes a la Asociación de Autoridades Tradicionales Akoshijirrawa y a la Organización Wayúu Munsurat que representan a un importante sector de las víctimas Wayúu de la emblemática masacre de Bahía Portete, la cual fue perpetrada el 18 de abril de 2004, presuntamente por integrantes del Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW) del Bloque Norte de las AUC. Ocho personas Wayúu vinculadas a estas dos organizaciones, entre lideresas, autoridades y algunos de sus familiares, están amparadas por medidas cautelares otorgadas el 16 de septiembre y el 16 de noviembre de 2004 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hay que destacar que anualmente y desde el 2005 estas dos organizaciones, coincidiendo con la fecha en que tuvo lugar la masacre de Bahía Portete, vienen organizando ceremonias y actos, denominados Yanama, a través de los cuales buscan no sólo mantener vivo el recuerdo de las víctimas Wayúu de esta masacre sino allanar el camino para obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Con el nombre de “Lapüu Sau´u Woumain. Sueño por nuestro territorio, siguiendo paso a paso las huellas de buscar la verdad y la justicia” entre el 15 y el 20 de abril de 2010 se celebró en Bahía Portete la sexta versión del Yanama. Como era de esperarse, la periódica realización del Yanama así como el desarrollo de otras actividades dirigidas a la defensa de los derechos de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Bahía Portete les ha ocasionado a estas dos organizaciones estar en la mira de los grupos sucesores del Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW), los cuales, en varias ocasiones, han proferido amenazas e intimidaciones con el fin de acallar el trabajo que adelantan.
- En segundo lugar, a las lideresas y lideres de la Asociación Sutsuin Jiyeyu Wayúu / Fuerza de Mujeres Wayúu (ASJW/FMW) quienes desde el 2005 vienen adelantado un notable esfuerzo por visibilizar y denunciar, en distintos escenarios, los impactos que en el pueblo Wayúu ha comportado el conflicto armado y la violencia política. Se precisa tener en cuenta que una de las lideresas de esta organización, desde el 16 de septiembre de 2004, se encuentra amparada por medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que en noviembre de 2009, en razón del incremento de las amenazas y hostigamientos contra esta organización, la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR) solicitó a la CIDH ampliar las medidas cautelares para cobijar a otras lideresas, tres de las cuales ante el inminente riesgo en que se hallaban posteriormente se vieron precisadas a desplazarse y salir de La Guajira y del país. Desde el año 2008 esta organización, en el marco del día internacional por la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, ha venido impulsando una campaña binacional “contra todas las formas de violencia contra Woumainkat”, que para el 2009 tuvo como lema “Porque en Woumainkat los únicos gigantes somos los Wayúu”, y que se ha realizado con el propósito de llamar la atención nacional e internacional tanto de las víctimas Wayúu del conflicto armado como de las víctimas Wayúu de los megaproyectos y las transnacionales. Según ha expresado esta organización, su discurso crítico frente a las transnacionales en La Guajira, así como la visibilización de las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido contra los Wayúu ha servido de excusa para que desde distintos sectores se hayan lanzado estigmatizaciones y señalamientos en contra de varias de su lideresas a quienes se las identifica falsamente como parte del proyecto político de la insurgencia.
- En tercer lugar, a las portavoces de las víctimas Wayúu de la masacre ocurrida en Maicao el 8 de noviembre de 2008, en la cual a manos de sicarios subordinados a grupos armados ilegales fueron asesinadas seis (6) personas, entre ellas dos (2) hombres y una mujer Wayúu pertenecientes a la familia de José María Barros Ipuana, “Chema Bala”, quien actualmente se encuentra recluido en una cárcel de los EE.UU. Los miembros de este grupo familiar han sido víctima de amenazas, señalamientos y estigmatizaciones por parte de otros grupos armados y de algunos sectores, que los consideran como colaboradores o base social del Frente Contrainsurgencia Wayúu. A raíz de esta situación, algunas hijas, hermanas y sobrinas de José María Barros Ipuana, desde principios de octubre de 2008, comenzaron a adelantar una campaña orientada a hacer memoria por las víctimas de esta familia que han sido asesinadas por grupos armados ilegales y a exigir el respeto al derecho a la vida, a la intimidad y al buen nombre de la familia. En ese contexto, el 15 de noviembre de 2009, en la ranchería de Kalerruwou, ubicada en el entorno de Bahía Portete en jurisdicción del corregimiento de Irraipa (Uribia), la familia convocó a un encuentro en el que a la vez que hicieron un homenaje “en honor del alma de nuestros muertos”, llamaron la atención sobre la situación de riesgo que entrañan las amenazas y estigmatizaciones de que vienen siendo objeto.
- En cuarto lugar, el personal médico y paramédico adscrito al Hospital de Nazareth y a su sistema de centros de salud en Puerto Estrella, Siapana, Villa Fátima, Warpana y Paraíso, como quiera que se han presentado varios incidentes, algunos de ellos graves, cuando transportan en las ambulancias a heridos con arma de fuego desde un área controlada por uno de los grupos armados ilegales hasta el área de influencia del grupo armado enemigo. Sobre el particular se comenta que en el último trimestre del 2009 se presentó un incidente que involucró al conductor de la ambulancia y a una auxiliar de enfermería luego de haber transportado en una ambulancia a un herido con arma de fuego desde Villa Fátima hacia Siapana, por cuanto los miembros de un grupo armado ilegal los estaba buscando para reclamarles el que le hubieran salvado la vida a uno de sus enemigos. Sobre el particular un miembro de la comunidad manifestó al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) que “desde esa fecha la ambulancia se abstiene de entrar a ciertas zonas y de transportar heridos con arma de fuego […] La auxiliar de enfermería tuvo que entrar escondida a Villa Fátima puesto que si la veían la gente del grupo armado ilegal que allí opera la podrían identificar como aliada del grupo armado ilegal rival”. También se conoció que hacia mediados de diciembre de 2009 tres vehículos del Hospital de Nazareth que se dirigían hacia Siapana fueron atacados a bala por hombres pertenecientes a uno de los grupos armados ilegales que operan en la región porque pensaban que en esos vehículos se movilizaban miembros del grupo armado ilegal contra el cual están en disputa. Este hecho que afortunadamente no dejó víctimas fatales se tradujo en fuertes restricciones para la movilidad de la misión médica. Los casos en que las ambulancias y vehículos de la misión médica han sido detenidos y revisados por los grupos armados ilegales son cada vez más frecuentes. Otro hecho que de resultar confirmado incrementaría el riesgo de la misión médica que trabaja con el Hospital de Nazareth, tiene que ver con la información que se recibió en el sentido en que la estructura armada de las Águilas Negras estaría interesada en intervenir en el manejo financiero del mencionado hospital.
- En quinto lugar los Pütchipü´ü (Palabreros) que conforman la Ouutkajawaa Mülousükalü Natuma Pütchipü'üirua / Junta Mayor Autónoma de Palabreros, instancia clave del Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Sistema Normativo Wayúu que fuera reconocido por el Consejo Nacional de Patrimonio y el Ministerio de Cultura y cuya función principal es asumir la “representación de la Palabra (Pütchikalü) de la cultura Wayúu y reunir a las autoridades reconocidas como Pütchipü´ü de cada resguardo o territorio ancestral Wayúu para fortalecer el derecho propio tomando como eje fundamental los valores sociales y culturales del pueblo Wayúu”, por cuanto, como parte de su razón de ser y de su mandato, han tenido que abocar la mediación en varios conflictos entre grupos familiares Wayúu rivales, algunos de ellos bastante complejos dado que podrían estar perneados o infiltrados por las facciones armadas ilegales en disputa, lo que podría llegar a ser visto por éstas con recelo y animadversión por estimar que menoscaban las alianzas que cada una ha construido. Así mismo las propuestas que esta organización ha movilizado en el sentido de valorar y consolidar la Sukuaipa Wayúu o derecho propio como instrumento más idóneo para resolver los conflictos entre grupos familiares rivales autónomamente y sin intervención de terceros y su énfasis en la autodeterminación del pueblo Wayúu pueden generar la oposición y rechazo de los grupos armados ilegales que operan en la región en la medida en que sienten cuestionado su poder y su hegemonía.
- En sexto lugar se ubican las autoridades y dignatarios de la Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte de la Alta Guajira Wayúu Araurayu, una de las organizaciones más activas y de mayor trayectoria en la Alta Guajira, toda vez que ha venido cuestionando la presencia de grupos armados ilegales en territorio Wayúu y ha manifestado su neutralidad frente a la disputa que está teniendo lugar, lo cual podría desencadenar todo tipo de retaliaciones y represalias por parte de los grupos armados ilegales en disputa, los cuales, desde la lógica de la guerra, ubicarían a esta organización como proclive a sus enemigos.
Sin pretender ser exhaustivos, a continuación se relacionan algunos hechos que se han presentado en Uribia y otros municipios de La Guajira, entre octubre de 2009 y abril de 2010, que dan cuenta del accionar de los grupos armados ilegales en la Alta Guajira y que podrían ayudar a comprender de mejor manera el alto riesgo, presente y latente, en que se encuentran los sectores poblacionales Wayúu anteriormente mencionados.
- 3 de mayo de 2010: A la orilla de la carretera, en la vía que de Puerto Bolívar conduce a la cabecera municipal de Uribia, fue hallado el cuerpo sin vida de un N.N., arijuna, el cual presentaba heridas con arma de fuego y en una de sus piernas tenía un torniquete. Todo indica que este hombre, foráneo de la región, resultó herido en un combate entre grupos armados ilegales rivales y murió desangrado cuando sus compañeros pretendían sacarlo de la Alta Guajira y llevarlo a un hospital seguro. Según informaciones que se han podido recabar, los combates entre las Águilas Negras y el grupo comandado por alias “Pablo” son cada vez más frecuentes y mantienen en zozobra permanente a la población civil Wayúu de la Alta Guajira.
- 2 de mayo de 2010, en el corregimiento de Nazareth (Uribia), Alta Guajira, miembros de las Águilas Negras incursionaron en el corregimiento de Siapana (Uribia), Alta Guajira, y asesinaron a un Wayúu del clan Jusayú, miembro de la familia Kuast.
- 16 de abril de 2010: A través de los medios de comunicación se conoció que la Policía Antinarcóticos encontró en la Alta Guajira dos caletas que contenían una tonelada de cocaína de alta pureza, armas, municiones y equipos de radiocomunicación al parecer pertenecientes a la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo”. Según los reportes que se difundieron en la acción no se presentaron heridos ni capturas
- 8 de abril de 2010: Medios de prensa locales informaron que en el cerro Sihits i, ubicado en la Alta Guajira, se había presentado un contacto armado entre tropas del Batallón General Gustavo Matamoros D´acosta y miembros pertenecientes a la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo”. Según la información que se difundió, durante el hecho no se presentaron capturas pero si el decomiso de material de guerra y de intendencia.
- 16 de marzo de 2010: Se conoció que en la ranchería Panterramana, ubicada en jurisdicción del corregimiento de Puerto Estrella (Uribia), fue hallado amarrado el cuerpo sin vida de un N.N., correspondiente a un arijuna foráneo.
- 9 de febrero de 2010: Una fuente comunitaria reveló al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) que un pequeño grupo de hombres fuertemente armados, pertenecientes a la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo”, fue visto cuando transitaban por Carimaya con dirección a Casuzo.
- 6 de febrero de 2010: El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) fue informado que en las calles de Maicao, a raíz de un atentado que le hicieron sicarios de las redes de coerción de la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo”, resultó gravemente herido un hombre Wayúu señalado por esta estructura de haber dado información a las autoridades que derivaron en una importante incautación de cocaína lista para ser enviada a los mercados internacionales.
- 29 de enero de 2010: A través de medios de prensa locales se conoció que una avioneta bimotor fue decomisada por la Policía Nacional en el lugar conocido como Warerpa. Durante el hecho se presentó un contacto armado y no hubo capturados.
- 14 de enero de 2010: Diego Alberto Castro Castro, administrador del establecimiento comercial “Almacén Central”, hacia las 7:10 p.m., fue secuestrado por cuatro hombres fuertemente armados que lo introdujeron en una camioneta y se lo llevaron con rumbo desconocido. A las pocas horas de haber sido secuestrado, Diego Alberto Castro Castro, se fugó de sus secuestradores.
- 31 de diciembre de 2009: Luis Darío Guzmán Hernández, desmovilizado de las AUC y comerciante, y Andrés González Granado, hacia las 6:30 a.m., en momentos en que se encontraban en la tienda Nueva Olímpica, situada en inmediaciones del Parque Ismael García en la cabecera municipal de Uribia, resultaron heridos por la explosión de una granada de fragmentación IM-26.
- 24 de diciembre de 2009: Los medios de comunicación difundieron ampliamente las declaraciones del Ministro de Defensa Nacional, las cuales habían sido expuestas días atrás en una reunión realizada en el corregimiento de Nazareth, en las cuales anunciaba que se “crearía un centro integral de operaciones militares y policiales, donde se contará con la presencia de mil efectivos”, según lo recogió el Diario del Norte en su nota titulada “Un militar por cada civil habrá en la Alta Guajira”.
- 17 de diciembre de 2009: El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) fue informado que en Jetsu tuvo lugar un fuerte enfrentamiento entre las Águilas Negras y la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo”. Según la información recibida las Águilas Negras lograron hacerse a veinticinco morrales de campaña, varios visores nocturnos y más de mil cartuchos para fusiles AK-47 que dejaron en su retirada sus enemigos. Así mismo se refiere que dos Wayúu que pertenecían al grupo armado ilegal de alias “Pablo” fueron capturados por las Águilas Negras y convencidos para que se cambiaran de bando.
- 13 de diciembre de 2009: Alexander Díaz Muñoz (27 años), agente de la SIJIN adscrito al Distrito de Policía de Maicao, resultó muerto, y Brayan Martínez Pimienta (21 años), agente de la misma institución, resultó herido, al ser atacados por hombres desconocidos los cuales dispararon en repetidas ocasiones contra los agentes cuando estos recorrían las calles del barrio El Carmen de Maicao. Algunas versiones consultadas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) coinciden en señalar que el ataque contra los agentes de la SIJIN fue una retaliación por el asesinato de dos mujeres Wayúu ocurridos en Maicao el día inmediatamente anterior.
- 12 de diciembre de 2009: Dos mujeres Wayúu, Nubia Elena Iguarán Iguarán (57 años) y Carmen González Epiayúu (46 años), alrededor de las 6:30 pm., cuando junto a otras mujeres Wayúu se encontraban al frente de su residencia ubicada en el barrio “Pastrana Borrero” de Maicao, fueron asesinadas por un sicario vinculado a las red de coerción de la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo”, quien luego de cometer el doble crimen huyó en una motocicleta que lo esperaba cerca del lugar. Cabe precisar que las dos mujeres Wayúu asesinadas son madre y tía de un hombre Wayúu de la Alta Guajira quien se encuentra enfrentado a alias “Pablo”.
- 1 de diciembre de 2009: Se tomó conocimiento que en el sector de Taparajín tuvo lugar un enfrentamiento entre tropas del Batallón Gustavo Matamoros D´acosta y miembros de la estructura armada ilegal comandada por alias “Pablo”. El hecho no arrojó capturas pero si el decomiso de material de guerra y de intendencia.
- 29 de noviembre de 2009: Se conoció que la Policía Nacional, cerca del puerto de Taroa, incautó 1.5 toneladas de cocaína que tres personas --dos Wayúu y un arijuna oriundo de Antioquia--transportaban en una lancha rápida.
- 29 de noviembre de 2009: El Director Nacional de la Policía Antinarcóticos, Brigadier General Francisco Patiño Fonseca, en declaraciones ante los medios de comunicación informó que alias “Paisa” había salido de la Alta Guajira y se encontraba refugiado en Dibulla (La Guajira) en algún lugar de la Sierra Nevada de Santa Marta.
- 9 de octubre de 2009: Se tomó conocimiento que la Estación de Guardacostas de Puerto Bolívar de la Armada Nacional decomisaron en Puerto Nuevo, a bordo de la motonave “Michael Ángelo”, US$ 238.135. El capitán de la embarcación fue capturado.
6 de octubre de 2009: El ex senador Jimmy Chamorro luego de un breve recorrido por Uribia señaló que en la Alta Guajira los grupos armados ilegales que allí operan viene reclutando a niños, niñas y adolescentes (NNA) Wayúu. Según la información aparecida en el Diario del Norte (6-10-09) el ex congresista “advirtió que las madres Wayúu le han contado la forma como los grupos armados al margen de la ley les quitan a sus pequeños hijos para llevárselos y, meses después, aparecen armados hasta los dientes”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF, de enero a diciembre de 2009, se registraron 10 homicidios en el municipio de Uribia. Aún no se cuenta con las cifras actualizadas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2010 Sin embargo, como ya se planteó anteriormente se prevé que de continuar el escalamiento del conflicto en la zona, los homicidios podrían aumentar considerablemente afectando principalmente al pueblo Wayúu.
Por su parte, con relación al desplazamiento forzado, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional registraron 9 desplazamientos individuales durante 2009, de los cuales 4 fueron de hombres y 5 de mujeres. No se registran desplazamientos masivos, sin embargo, dada la dinámica del conflicto armado en la zona y la consolidación de los grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC es previsible que no sólo se incrementen los desplazamientos individuales, sino también que se registren masivos hacia otros municipios, departamentos e inclusive hacia el vecino país de Venezuela, tal y como ha venido ocurriendo históricamente.
Resulta importante tener en cuenta que, dadas las características especiales del territorio advertido en este informe, entre las cuales se encuentra su característica limítrofe con Venezuela, no resulta fácil identificar el flujo de población entre ambos países y mucho más cuando es el desplazamiento es forzado, lo que indica que claramente podría existir un sub registro de información en las fuentes oficiales.
Hay que resaltar que las acciones realizadas en la Alta Guajira tanto por los grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC como por otros grupos armados ilegales (OGAI), no se constriñen exclusivamente a la jurisdicción de Uribia sino que se encuentran estrechamente asociadas a buena parte de los hechos violentos contra la población civil que se escenifican en Maicao y otros municipios de La Guajira. De ahí que no esté demás señalar que no es apropiado pretender desmarcar lo que acontece en la Alta Guajira de lo que sucede en otros lugares del departamento. Sobre el particular el periódico Diario del Norte del 17 de diciembre de 2009 recogía acertadamente esta situación cuando tituló una noticia diciendo que “La guerra en la Alta Guajira se libra en las calles de Maicao”.
En otro orden de ideas, no se puede dejar de mencionar que La Guajira, por su privilegiada situación geográfica, cada vez con mayor frecuencia viene siendo utilizada por organizaciones internacionales dedicadas a la trata de personas, como plataforma de salida clandestina de migrantes oriundos de África y Asia, los cuales son llevados en tránsito hacia países de Centroamérica y el Caribe para posteriormente ingresarlos de manera irregular a EE.UU.
A primeras horas de la mañana del 17 de marzo de 2010 en un humilde rancho ubicado en los alrededores de Puerto Nuevo, jurisdicción de Uribia, fueron detenidos por la Policía Nacional 15 hombres de origen asiático: 9 de Bangladesh, 5 de Nepal y 1 de Sri Lanka, quienes habían ingresado por la frontera con Ecuador y habían recorrido el país de sur a norte por vía terrestre.
El de estos 15 ciudadanos asiáticos no es un caso aislado y excepcional toda vez que en La Guajira existen varios antecedentes que indican que hay una sofisticada red internacional de trata de personas, que podría tener vínculos con alguno de los grupos armados ilegales que operan en la Alta Guajira, Según se ha podido establecer esta red internacional se ha especializada en la trata de migrantes originarios de África subsahariana, principalmente de países como Eritrea, Somalia y Etiopía, así como de Asia: Nepal y Bangladesh y en menor medida de China, Sri Lanka e India.
El 2 de marzo de 2010 en el sector conocido como El Ebanal, jurisdicción de Riohacha, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional dos ciudadanos de Bangladesh, los cuales posiblemente hacían parte de un grupo más numeroso de personas que había sido dividido y distribuido en diferentes lugares de la ciudad para evadir a las autoridades. Estos dos migrantes, quienes entraron por la frontera con Ecuador, fueron deportados por el DAS.
El 22 de noviembre de 2009, cinco hombres originarios del África subsahariana, con edades entre los 17 y los 24 años de edad, fueron encontrados en Puerto Bolívar al interior de un buque que pretendía zarpar hacia Centroamérica. Si bien los medios de comunicación informaron que estos cinco africanos querían ingresar de manera irregular al país, que se conoció es que el propósito de la red internacional de trata de personas que los tenían era llevarlos hasta EE.UU.
El 12 de julio de 2009 seis ciudadanos de Nepal, cinco hombres y una mujer, fueron detenidos por la Policía Nacional en un lugar ubicado entre La Jagua del Pilar y Urumita, cuando se desplazaban en un bus interdepartamental que cubría la ruta Bogotá, D.C. - Maicao. Los nepalíes habrían ingresado irregularmente por la frontera con Ecuador. En relación con este hecho el comandante del Departamento de Policía de La Guajira manifestó que “hemos podido establecer que se trata de una ruta de movilización de personas para ingresar ilegalmente a Estados Unidos, utilizando la frontera entre Colombia y Venezuela” y, a renglón seguido agregó que en diciembre de 2008 habían sido detenidos 20 ciudadanos chinos que utilizando esta misma ruta pretendían llegar a EE.UU.
La detención de estos migrantes no estuvo acompañada de ninguna captura de personas responsables del delito de tráfico de personas. Si bien no ha sido posible establecer si existe o no alguna relación con la red internacional de trata de personas que viene ingresando desde Ecuador, Perú y Brasil ilegalmente migrantes del África subsahariana y de Asia al país, se conoció que el 14 de marzo de 2010 fue capturada en Maicao una mujer señalada por el DAS de hacer parte de una banda llamada “Los Cubanos”, que irregularmente trafica con migrantes entre Colombia y Venezuela
De otro lado se conoció que un ciudadano peruano de 52 años de edad, que pretendía salir irregularmente de Puerto Nuevo (Uribia) en un buque merquero, murió el 18 de abril de 2010 de un paro cardíaco en el Hospital San José de Maicao adonde había sido remitido de urgencia. Según información aportada por los Wayúu vecinos del mencionado puerto, el ciudadano peruano tenía la intención de llegar transitoriamente a Panamá para desde allí continuar su periplo hacia los EE.UU. Comentando este hecho, el periódico El Informador en su edición del 20 de abril de 2010 agregaba que “muchas personas se internan en las rancherías de La Guajira, con el fin de alcanzar el sueño americano, viajando como polizón (sic) en las naves que surcan el mar Caribe, cargadas de mercancías para la zona especial aduanera de Maicao, Uribia y Manaure”. Sin embargo en razón de los antecedentes que se han presentado es legítimo suponer que más que solitarios polizones que buscan llegar a los EE.UU., los ciudadanos extranjeros que se aventuran por la Media y Alta Guajira con la intención de salir de manera irregular del país, han sido víctimas de redes internacionales de trata de personas y de migrantes.
La problemática de trata de personas ha adquirido tales dimensiones en La Guajira que el 4 de enero de 2010 el Director del DAS, Felipe Muñoz, anunció que entrarán en operación 20 patrullas fronterizas para controlar la migración irregular de extranjeros que utilizan Colombia como paso hacia los EE.UU. y que una de esas patrullas, compuesta de “vehículos dotados con tecnología de punta para patrullar en las fronteras”, se ubicaría en La Guajira.
Con base en lo anteriormente descritos, es probable que se presenten en el municipio de Urbilla y en la Alta Guajira, graves violaciones a los derechos fundamentales e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) por parte de los grupos armados ilegales en disputa, lo cual se podría materializar en homicidios selectivos y múltiples (masacres); reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas, adolescentes (NNA) y reclutamiento de jóvenes; amenazas, intimidaciones y atentados contra la vida de lideresas, autoridades y líderes del pueblo Wayúu; accidentes con Municiones Sin Explotar (MUSE) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG); afectación a la vida e integridad personales lo mismo que daños a los bienes civiles por posibles enfrentamientos armados con interposición de población civil; empleo de métodos violentos encaminados a subordinar a la población Wayúu a los escenarios de ilegalidad; restricciones a la movilidad de personas, bienes y alimentos; desapariciones forzadas; ataques contra bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y desplazamientos forzados, entre otros
Así las cosas, se ha valorado como alto el nivel de riesgo por la situación que afronta la población civil de los corregimientos de Uribia, principalmente los correspondientes a la Alta Guajira.
NIVEL DEL RIESGO: ALTO MEDIO BAJO
AUTORIDADES VINCULADAS AL DEBER DE PROTECCIÓN
AUTORIDADES CIVILES:
- Departamentales: Gobernación de La Guajira, Secretaría Departamental de Gobierno, Secretaría Departamental de Asuntos Indígenas.
- Municipales: Alcaldía Municipal de Uribia, Secretaría de Gobierno de Uribia, Secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia y Personería Municipal de Uribia.
- Nacionales: Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom y Grupo Contra la Trata de Personas de la Dirección de Gobernabilidad Territorial del Ministerio del Interior y de Justicia; Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República; Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional; Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); Área de Poblaciones del Ministerio de Cultura; Fiscalía General de la Nación (FGN); Consejo Superior de la Judicatura (CSJ); y Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas.
FUERZA PÚBLICA:
- Ejército Nacional: Primera División del Ejército Nacional, Décima Brigada Blindada y Grupo Blindado Mediano “General Gustavo Matamoros D´acosta”.
- Policía Nacional: Comando Departamental de Policía de La Guajira y Distrito de Policía de Maicao.
- Organismos de seguridad del Estado: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Seccional La Guajira o el organismo que haga sus veces.
RECOMENDACIONES
Previo estudio del presente Informe de Riesgo, se solicita al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) emitir la Alerta Temprana correspondiente y orientar la adopción de medidas que lleven a conjurar, mitigar o controlar la situación de riesgo, con el fin de proteger la población civil del municipio de Uribia. Asimismo, se solicita brindar la atención humanitaria de emergencia, si así fuere el caso, a los pobladores que han soportado el rigor de la violencia. En especial se considera necesario recomendar:
1. Al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para que de manera coordinada y en estricta observancia de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), desplieguen de manera sostenida y sistemática misiones y acciones de inteligencia que permitan la captura y judicialización de las personas vinculadas a los grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC y a otros grupos armados ilegales (OGAI).
2. Al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para que en estricta observancia de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), coordinen y adopten las medidas y procedimientos que se requieran a fin de contrarrestar, desarticular y desmontar a los grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC y a otros grupos armados ilegales (OGAI) que se ubican en el municipio de Uribia, principalmente en los corregimientos de la Alta Guajira.
3. Al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y al DAS, para que en estricta observancia de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de manera coordinada refuercen los dispositivos de seguridad y consoliden los operativos de registro y control indispensables para garantizar adecuadamente la protección de los habitantes de la Alta Guajira, principalmente de los sectores poblacionales Wayúu que se encuentran en alto riesgo como consecuencia de la disputa que tiene lugar entre grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC y otros grupos armados ilegales (OGAI).
4. Al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República y a las Direcciones de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia, explorar conjuntamente y en concertación con las autoridades, dignatarios y líderes de los distintos sectores poblacionales Wayúu identificados en alto riesgo, la adopción urgente de las medidas y protocolos necesarios que garanticen su protección individual y colectiva, evitando en todo caso que ello se traduzca en mayores y adicionales riesgos.
5. A la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia y a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, explorar conjuntamente y en concertación con las autoridades, dignatarios y líderes de los sectores poblacionales Wayúu identificados en alto riesgo, la materialización de las órdenes emanadas por la Honorable Corte Constitucional a través de los Autos 200 del 13 de agosto de 2007 y 008 del 26 de enero de 2009, referidos respectivamente a la protección de líderes en situación de desplazamiento o en riesgo de desplazamiento y a la necesidad de establecer mecanismos de prevención adecuados para evitar o morigerar esta problemática.
6. Al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, adelantar las gestiones necesarias a fin de elaborar, con la participación de los sectores poblacionales Wayúu identificados en alto riesgo, un estudio que de cuenta de las especificidades y particularidades que los impactos del conflicto armado, especialmente el desplazamiento forzado, han tenido sobre el pueblo Wayúu, de manera que se cuente con una visión estructural, integral y de conjunto que brinde mayores elementos para la toma de decisiones y la definición de políticas públicas.
7. A la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, adelantar los trámites indispensables para abordar, con la adecuada participación de los sectores Wayúu concernidos, un informe que cuenta de la historia y situación de la población Wayúu de origen colombiano que se encuentra en Venezuela debido a desplazamientos transfronterizos derivados del conflicto armado colombiano.
8. A la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, con el acompañamiento y asesoría de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), para que en consulta con los sectores poblacionales Wayúu identificados en alto riesgo, realicen las gestiones necesarias tendientes a su vinculación al Programa de Protección de Víctimas de que trata la ley 975 del 25 de julio de 2005 o Ley de Justicia y Paz.
9. A las Fiscalías Regionales fortalecer sus sistemas de información con el propósito de identificar y registrar con precisión las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que han soportado las víctimas del conflicto armado pertenecientes al pueblo Wayúu, así como tener en cuenta las especificidades que para estas víctimas comportan las afectaciones a sus derechos fundamentales.
10. Al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y a la Fiscalía General de la Nación (FGN) fortalecer los procesos de capacitación especializada dirigida a los jueces y juezas y fiscales, en lo relativo a la Ley de Justicia y Paz, con énfasis en el tratamiento diferencial de genero y etnia, en la perspectiva de evitar la revictimización de las mujeres Wayúu que han sufrido de violencia y delitos sexuales como también para remover y transformar los imaginarios etnocéntricos, racistas, discriminatorios y sexistas que puedan estar presentes en sus operadores y operadoras de justicia
11. Al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y a la Fiscalía General de la Nación (FGN), consolidar las iniciativas de capacitación especializada dirigida a los jueces y juezas y fiscales, en lo referente a al conocimiento y comprensión de la jurisdicción especial indígena, en la perspectiva de definir protocolos regionales que permitan materializar la articulación de la jurisdicción ordinaria con el sistema normativo del pueblo Wayúu y tender puentes entre los jueces, juezas y fiscales y los Pütchipü´ü que conforman la Ouutkajawaa Mülousükalü Natuma Pütchipü'üirua / Junta Mayor Autónoma de Palabreros.
12. Al Área de Poblaciones del Ministerio de Cultura, adelantar las acciones a que haya lugar a fin de fortalecer a los organismos responsables de la puesta en vigor del Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Sistema Normativo Wayúu, en especial a las actividades desarrolladas por parte de la Ouutkajawaa Mülousükalü Natuma Pütchipü'üirua / Junta Mayor Autónoma de Palabreros relacionadas con la intermediación de conflictos entre grupos familiares Wayúu rivales en la Media y Alta Guajira.
13. Al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República y a las Direcciones de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas Minorías y Rom y del Ministerio del Interior y de Justicia para que en cumplimiento de sus misiones institucionales, promuevan suficientemente acciones concretas, focalizadas e inmediatas orientadas a prevenir mayores violaciones a los derechos humanos de la población civil Wayúu identificada en alto riesgo y a proteger adecuadamente a las víctimas del desplazamiento forzado y la violencia política derivada de la confrontación armada que se escenifica en la Media y Alta Guajira.
14. Al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia para que en coordinación con la Gobernación de La Guajira, la Alcaldía de Uribia y la Personería Municipal de Uribia, promuevan escenarios de coordinación interinstitucional con los sectores poblacionales del pueblo Wayúu en riesgo, a fin de formular un plan de prevención, orientado a formular estrategias y acciones tanto para la mitigación del riesgo como para la oportuna y adecuada atención de las demandas de la población concernida.
15. A la alcaldía municipal de Uribia, a la Gobernación de La Guajira, al Ejército Nacional y a la Policía Nacional, la formulación y puesta en vigor de campañas de divulgación y promoción para informar en forma clara, precisa y oportuna, acerca de las implicaciones que sobre las condiciones de seguridad de los habitantes de las áreas focalizadas en el presente Informe de Riesgo, tendrá el manejo del orden público.
16. A la Secretaría de Gobierno y a la Personerías Municipal de Uribia para que promuevan y desarrollen iniciativas de formación y capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario, derechos de las víctimas del conflicto armado, derechos de los pueblos indígenas, derechos de la población en situación de desplazamiento, derechos de los refugiados y solicitantes de asilo, con el fin de brindarle a los habitantes del municipio, especialmente de la Alta Guajira, que se encuentran en alto riesgo, instrumentos y rutas que les permita construir medidas de autoprotección frente a la utilización de la violencia por parte de los grupos armados ilegales.
17. A la Gobernación de La Guajira y a la Alcaldía de Uribia, informar periódicamente al Ministerio Público, las medidas mediante las cuales han atendido la Directiva No. 009 de 2006 emitida por la Procuraduría General de la Nación (PGN), en especial en lo atinente a garantizar que todos los casos de violencia por razón de género, sean objeto de investigaciones oportunas, completas e imparciales, así como las indispensables para atender integralmente a las víctimas de este delito e indicar cuáles medidas han favorecido la inclusión en las agendas de los consejos de política social departamental y municipal, estrategias que permitan visibilizar la situación de los derechos de las mujeres, la construcción de políticas públicas desde una perspectiva de género, el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de género y los derechos específicos y especiales de las mujeres.
18. Al Ministerio de Defensa Nacional, a la Fuerza Pública, a los organismos de seguridad del Estado, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Gobernación de La Guajira y a la Alcaldía de Uribia, diseñar un plan de contingencia dirigido a prevenir, sancionar y erradicar el reclutamiento de jóvenes y el reclutamiento forzado y la utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes (NNA), especialmente Wayúu, por parte de los grupos armados ilegales.
19. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a la Gobernación de La Guajira y a la Alcaldía de Uribia, en atención a las disposiciones contenidas en la Resolución No. 1379 del 20 de noviembre de 2001, aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su 4423 sesión, en lo relativo a la protección de la niñez en contexto de conflicto armado, se definan procedimientos para la destinación oportuna de recursos específicos para que se desarrollen programas concretos de acceso a bienes y servicios para todos los niños, niñas y adolescentes Wayúu habitantes de Uribia, principalmente en los corregimientos aquí focalizados
20. A los miembros de las fuerzas militares, de policía y de los organismos de seguridad del Estado, que en cumplimiento de las disposiciones internacionales y nacionales sobre la materia, se abstengan de realizar cualquier tipo de inteligencia militar con niños, niñas y adolescentes (NNA), particularmente cuando se trata de desvincularlos de los grupos armados ilegales en especial, “entrevistas, operativos o solicitar cualquier tipo de colaboración”. Esto en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006 (Art. 41) y el Decreto 128 de 2003 que proscribe expresamente cualquier forma de utilización de menores de edad en actividades de inteligencia.
21. Al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia y a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación (FGN), para que en cumplimiento de sus respectivas misiones institucionales, promuevan acciones concretas, focalizadas e inmediatas para proteger los derechos fundamentales de las víctimas Wayúu de desplazamiento forzado y de la violencia política derivada de la confrontación armada.
22. A los miembros de la fuerza pública y de los organismos de seguridad del Estado, acatamiento de lo dispuesto en las Directivas Permanentes No. 9 de 2005 y No. 1 de 2006, referentes a las funciones que le compete cumplir a la fuerza pública en materia de protección y prevención del desplazamiento forzado por la violencia, en concordancia con los dispuesto en la sentencia C-251 de 2002 de la Honorable Corte Constitucional.
23. Al Ejército Nacional y a la Policía Nacional, aplicación rigurosa del contenido de la Directiva No. 16 de 2006 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional en la cual en desarrollo de los principios constitucionales de autonomía, se hace expresa y taxativa alusión a la coordinación que debe proceder entre autoridades indígenas y fuerza pública cuando ésta pretenda ingresar a los territorios indígenas, debiendo existir contacto previo con las autoridades tradicionales correspondientes.
24. Al Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada de Uribia para que con el concurso del Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada y de manera concertada con las autoridades y organizaciones Wayúu concernidas, se incluyan con enfoque diferencial los sectores y grupos poblacionales focalizados en riesgo en los planes de contingencia y de atención integral y se defina un cronograma de visitas periódicas a la Alta Guajira con el propósito de fortalecer la presencia y acción de las instituciones civiles y sociales del Estado.
25. A las autoridades públicas concernidas en el Auto 004 del 26 de enero de 2009, atender de forma inmediata y pertinente el mandato de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional que ordena, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 del 22 de enero de 2004, la protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado. En ese contexto se hace imprescindible involucrar adecuadamente a los sectores poblacionales Wayúu focalizadas en la presente advertencia al proceso de formulación y puesta en vigor del Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Wayúu y del Programa de Garantías.
26. A la Gobernación de La Guajira, a la Alcaldía Municipal de Uribia y a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para que en el marco del Decreto No. 250 del 7 de febrero de 2005 se adopten las medidas necesarias encaminadas a diseñar, disponer y adoptar planes de contingencia y de asistencia humanitaria de emergencia para atender los desplazamientos forzados que se hayan podido presentar recientemente o los que eventualmente se puedan producir en el futuro o para hacerle frente a cualquier otro tipo de afectación de los derechos humanos de la población Wayúu del municipio de Uribia que se presentaren con ocasión del accionar de grupos armados ilegales. En ese orden de ideas se debe coordinar la elaboración o aplicación del Plan Integral Único (PIU) en el municipio de Uribia, en caso de no haber sido construido e implementado, incorporando taxativamente la situación de los sectores poblacionales Wayúu identificados en alto riesgo.
27. Al Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, informar oportunamente a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y a la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), para que se investigue y haga seguimiento a las acciones de desmovilizados y no desmovilizados del antiguo Bloque Norte de las AUC, para que en el marco de sus mandatos, se avance propositiva y constructivamente en el proceso de evaluación del impacto del proceso de desmovilización en esta región del departamento de La Guajira, así como en la verificación de la reagrupación de excombatientes y/o la conformación de nuevas estructuras armadas ilegales y se formulen recomendaciones efectivas y sostenibles para contrarrestar dicho fenómeno.
28. Al Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas y al Grupo Contra la Trata de Personas de la Dirección de Gobernabilidad Territorial del Ministerio del Interior y de Justicia, adelantar las gestiones que se requieran a fin de crear y hacer sostenible en el tiempo el Comité Departamental Interinstitucional Contra la Trata de Personas y brindar su concurso y asesoría para formular y ejecutar un Plan de Acción Departamental Contra la Trata de Personas.
29. Al Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas y al Grupo Contra la Trata de Personas de la Dirección de Gobernabilidad Territorial del Ministerio del Interior y de Justicia, promover y desplegar iniciativas de capacitación y formación sobre el tema de la trata de personas y migrantes, dirigidas a los funcionarios públicos municipales y departamentales y a las organizaciones sociales de La Guajira, con el propósito de empoderar en las agendas públicas y de la sociedad civil esta problemática que se viene presentando en el departamento y que aún se mantiene invisible.
30. Al Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas y al Grupo Contra la Trata de Personas de la Dirección de Gobernabilidad Territorial del Ministerio del Interior y de Justicia, materializar un protocolo regional de atención dirigido específicamente a los ciudadanos extranjeros que como víctimas de redes internacionales de trata de personas y de migrantes, resultan capturados pretendiendo salir irregularmente del país a través de los puertos y fronteras de La Guajira.
31. A las autoridades civiles, Fuerza Pública y organismos de seguridad del Estado concernidos informar a esta Defensoría Delegada, las actuaciones y medidas derivadas de este Informe de Riesgo, de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 24 de 1992.
JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN
Defensor Delegado para la Evaluación del Riesgo de la
Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado
Director del Sistema de Alertas Tempranas
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